Presunto lavado en el fútbol argentino
La Justicia investiga los vuelos privados y los vehículos de lujo de la quinta vinculada a la AFA
El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky profundizó la investigación por presunto lavado de activos que involucra a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las nuevas medidas buscan reconstruir la actividad en el helipuerto de una propiedad situada en la calle Misiones 4097, en Villa Rosa, partido de Pilar. La denuncia vincula este inmueble a una estructura de presuntos testaferros relacionada con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
En este contexto, el magistrado solicitó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) un listado urgente de los pilotos que operaron en dicho helipuerto desde su inauguración. Si bien la instalación cuenta con autorización, el registro de movimientos debe ser llevado por el responsable del lugar en un libro que no fue hallado durante los procedimientos. Según la causa, Luciano Nicolás Pantano figura como el responsable de dicha pista aérea.
Identificación de bienes y seguros
Tras recibir el expediente luego de que la Cámara Federal determinara que la competencia corresponde al fuero penal económico y no al juez federal Daniel Rafecas, Aguinsky dispuso diversas pruebas. Entre ellas, ordenó identificar a los titulares de las pólizas de seguro de los 54 vehículos encontrados en el lugar, verificar quiénes poseían cédulas azules para conducirlos y relevar si utilizaban el sistema Telepase o dispositivos de rastreo.
En el operativo realizado por la Policía Federal, se incautaron 45 automóviles de lujo o de colección, siete motocicletas de alta cilindrada y dos kartings que se encontraban en un galpón del predio. Además, los efectivos hallaron un bolso negro con el nombre "Pablo Toviggino" y una placa del Club Atlético Barracas Central en reconocimiento al tesorero de la AFA por la reinauguración del estadio en julio de este año.
La estructura societaria bajo sospecha
La titularidad de la quinta pertenece a Real Central SRL, firma compuesta por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. La investigación señala que la sociedad aumentó su capital de $300.000 a $58 millones en mayo de 2024, poco antes de la compra del terreno. En ese periodo, Pantano cedió sus acciones a Conte, quien quedó como accionista principal.
El juez citó a ambos para que brinden explicaciones ante el juzgado. La hipótesis judicial, impulsada por una denuncia de la Coalición Cívica, sostiene que no poseerían la capacidad económica para adquirir tales bienes. Pantano figura como monotributista con deudas, mientras que Conte es una jubilada que percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia.
Nexos y gastos de mantenimiento
La Justicia también analiza documentación secuestrada en el barrio cerrado Ayres Plaza, donde Pantano y Conte tienen una vivienda. Allí se constató que Pablo Toviggino y una de sus hijas estaban autorizados para ingresar de forma permanente.
Para determinar quién costeaba el mantenimiento de la quinta de Villa Rosa —que posee 105.000 m², caballeriza, casa de huéspedes y cafetería, entre otras instalaciones—, el magistrado solicitó informes sobre los titulares de los servicios de telefonía, internet y cable. La etapa de instrucción busca confirmar si existió una maniobra de ocultamiento de bienes de alto valor económico.
Con información de BAE Negocios.
