Las universidades recibirán más fondos, pero los rectores exigen la aplicación de ley de financiamiento

El Gobierno Nacional proyecta destinar 4,8 billones de pesos a las Universidades Nacionales en el Presupuesto 2026, una cifra que los rectores rechazan al solicitar la aplicación de una ley sancionada por el Congreso Nacional que establecía una actualización progresiva de los recursos.

Las partidas están contempladas en el proyecto de Presupuesto 2026 que el Gobierno buscará aprobar con el apoyo de sus aliados durante las sesiones extraordinarias que se llevarán a cabo entre el 10 y el 31 de diciembre.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha solicitado un monto de 7,2 billones de pesos. Este requerimiento, según el CIN, busca garantizar el sostenimiento de los gastos de mantenimiento de las casas de estudio y permitir una recomposición salarial para el personal docente y no docente.

El Gobierno ha rechazado esta petición. La no aplicación de la ley de aumento de fondos para universidades, que fue insistida por el Congreso tras un veto presidencial, se justifica, según el Poder Ejecutivo, en la falta de definición sobre el origen de los recursos. Esta decisión ha generado un "fuerte rechazo de sectores opositores", según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas. Aunque el Gobierno mantiene su postura, diputados aliados no descartan la posibilidad de futuros incrementos para las instituciones educativas, de acuerdo con la misma agencia.

Nuevos criterios para la rendición de gastos

En el marco del Presupuesto Nacional 2026, el Gobierno también ha establecido criterios para la rendición de gastos que las Universidades Nacionales deberán seguir para acceder a los recursos proyectados. Según lo dispuesto, las universidades deberán presentar la información necesaria ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación para la asignación, ejecución y evaluación de los fondos transferidos.

El proyecto oficial advierte que el citado ministerio "podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma". Asimismo, establece que el presupuesto aprobado por cada universidad para el ejercicio fiscal deberá indicar la clasificación funcional de educación y cultura, salud y ciencia, tecnología e innovación, debiendo considerarse esta clasificación también en la ejecución presupuestaria, contable y la cuenta de inversión.

Otras leyes de financiamiento educativo sin aplicación

Por tercer año consecutivo, el Gobierno tampoco aplicará la ley de Financiamiento Docente, que estipulaba una inversión del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) en educación. Además, no se aplicarán los niveles de inversión establecidos en la Ley de Educación Técnico Profesional ni en la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.

La Oficina de Presupuesto (OPC) ha destacado que el Gobierno decidió "derogar los pisos de inversión de la ley de Educación Nacional", señalando que la modificación implica la eliminación de valores de referencia establecidos por norma, dejando que dichas asignaciones sean definidas anualmente por las leyes de presupuesto. La OPC indicó que "el objetivo de inversión del 6% del PIB para el sistema educativo registró cumplimiento en un solo ejercicio". En cuanto al piso del 0,2% de los ingresos corrientes para la Educación Técnico Profesional, solo se alcanzó en su primer año, y las metas de crecimiento progresivo para Ciencia y Tecnología nunca se alcanzaron.

Con información de NA