Río de Janeiro: Megaoperativo policial deja 64 muertos en las favelas del norte
Un megaoperativo policial en los complejos de Alemão y Penha, dos de las mayores favelas en el norte de Río de Janeiro, Brasil, dejó un saldo de 64 personas muertas, incluyendo cuatro agentes, y más de 80 detenidos al cierre de la jornada del martes.
La ofensiva tuvo como objetivo desmantelar operaciones del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más influyentes del país, según informaron las autoridades locales.
La acción, que comenzó antes del amanecer, incluyó el despliegue de helicópteros, vehículos blindados y drones. Se realizaron bloqueos vehiculares en las autopistas circundantes y se cerraron avenidas estratégicas. Aproximadamente 2.500 agentes participaron en el operativo, guiados por drones que detectaron movimientos y facilitaron el avance por las estrechas callejuelas de las favelas.
Durante la jornada, las fuerzas de seguridad incautaron 42 fusiles de alto calibre y detuvieron a 81 personas. Se utilizaron una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros y diez vehículos de demolición para abrir paso a través de rutas obstruidas. El objetivo principal del operativo era la captura de "Doca", señalado como jefe regional del Comando Vermelho en Penha, además de desmantelar una red de tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.
El Comando Vermelho y su estructura
El Comando Vermelho, fundado en 1979 en una cárcel de Río de Janeiro, ha evolucionado hasta convertirse en una de las mayores organizaciones criminales de Brasil con alcance nacional. Opera a través de una red descentralizada que incluye capos en cárceles, lugartenientes en favelas y una red sofisticada de lavado de dinero. Su poder se basa en el narcotráfico y el control territorial en barrios donde la presencia estatal ha sido históricamente limitada. Según la fiscalía coordinadora del combate al crimen organizado, los complejos de Penha y Alemão son puntos estratégicos para el flujo de drogas y armas debido a su cercanía con autopistas y accesos logísticos cruciales para la ciudad.
El gobernador estatal, Cláudio Castro, calificó la operación como una "guerra" y manifestó que Río de Janeiro se encuentra "sola en este enfrentamiento", señalando que el narcotráfico posee armamento entregado por redes internacionales y que los pedidos de apoyo con blindados a las Fuerzas Armadas fueron rechazados en tres ocasiones.
Impacto en la comunidad y denuncias por derechos humanos
La población del norte de Río de Janeiro experimentó situaciones que recordaron un conflicto bélico, con ráfagas de tiros y granadas lanzadas, desvío de autobuses y más de 200.000 personas afectadas por la interrupción de servicios públicos. Las clases fueron suspendidas en 45 centros educativos y doce líneas de autobuses modificaron sus itinerarios, generando tensión, miedo y parálisis en la vida cotidiana de los habitantes de Alemão y Penha.
Organizaciones de derechos humanos han reiterado su preocupación por la frontera difusa entre el combate al crimen organizado y la vulneración de derechos ciudadanos en este tipo de operaciones. Human Rights Watch (HRW) alertó en septiembre de 2025 sobre un proyecto de ley en Río que podría incentivar que la policía dispare en lugar de arrestar. Una investigación previa de HRW en 2009 ya había indicado que muchas muertes en enfrentamientos oficiales podrían ser ejecuciones extrajudiciales, con manipulación de la escena por parte de la policía para ocultar responsabilidades. La impunidad y la letalidad policial en Río se presentan como un problema estructural persistente.
Esta operación no es un hecho aislado. En mayo de 2022, una redada en la favela de Vila Cruzeiro, también parte del entorno de Penha y Alemão, resultó en al menos 23 muertes y denuncias de civiles atrapados en el fuego cruzado. En 2024, se registraron alrededor de 700 muertes en intervenciones de las fuerzas del orden en Río, lo que equivale a casi dos por día. La jornada del martes sumó 64 decesos a esta estadística, y la operación se mantiene en desarrollo.
El futuro de estas misiones, según analistas, dependerá de la capacidad del Estado no solo para capturar líderes y confiscar armas, sino también para reducir la violencia residual, realizar investigaciones independientes sobre las muertes y reconstruir el tejido social en estas zonas históricamente desatendidas. De no ser así, la lógica de control podría ser momentánea, perpetuando el ciclo de violencia.
Con información de La Nación
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