Denuncian riesgo de politización de la Justicia por un proyecto legislativo en Santa Cruz
En un comunicado emitido este 4 de octubre, ambos Consejos, que agrupan a todas las provincias argentinas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reafirmaron la importancia de preservar la independencia del Poder Judicial, la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal y la estabilidad institucional de sus autoridades. Argumentan que el proyecto, que se pretende tratar de manera "express", "quebranta el principio de separación de funciones que sustenta todo Estado de Derecho".
Impacto en la autonomía del Ministerio Público Fiscal
Según la declaración, el texto propuesto "degrada la jerarquía y las funciones del titular del Ministerio Público Fiscal", afectando su estabilidad institucional y su rol como órgano independiente. Los Consejos advierten que "reubicar o redefinir las funciones del Fiscal General" vacía de contenido la autonomía funcional de la entidad, un principio esencial del sistema acusatorio y compatible con la Carta Magna Nacional. La iniciativa, señalaron, desconoce el modelo tripartito de Judicatura, Fiscalía y Defensa, consolidado en la reforma constitucional de 1994, que garantiza la imparcialidad y el equilibrio en la administración de Justicia.
Los firmantes de la declaración, Jorge Miquelarena, presidente del Consejo Federal de Política Criminal, y Jorge Omar Canteros, presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores, Asesores Generales de la República Argentina, resaltaron que "pretender reunir en una misma estructura las funciones de acusación y defensa constituye un retroceso institucional muy marcado". Afirman que esto vulnera el principio básico del debido proceso, establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional. La alteración de la jerarquía y funciones del Ministerio Público Fiscal, en la práctica, "equivale a un vaciamiento de su autoridad y su función constitucional", abriendo la puerta a la subordinación política de la acción penal pública y debilitando la confianza ciudadana en la justicia.
Los Consejos hicieron un llamado a la responsabilidad institucional, instando a los legisladores de Santa Cruz a "no convalidar una iniciativa que vulnera principios constitucionales" y a "abrir un proceso de diálogo y revisión que respete los estándares mínimos de independencia, autonomía y estabilidad funcional". Concluyeron que la defensa de la autonomía del Ministerio Público Fiscal y la independencia del Poder Judicial es un "acto de compromiso con la República, la Constitución y la Ciudadanía".
