El crecimiento del costo laboral preocupa a distribuidores mayoristas
La advertencia de CADAM se produce en un contexto donde la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43,2% en Argentina durante el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con el informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET.
El reporte del IIEP-UBA-CONICET detalla que esta informalidad equivale a que cuatro de cada diez trabajadores se encuentran en esta situación, afectando particularmente a los jóvenes, con una estimación de más del 65% trabajando de manera informal. Desde el sector empresarial, se vincula directamente esta problemática con el aumento sostenido del costo laboral. Un punto central en los reclamos es el incremento en las tarifas de las ART, situación que se originó con la eliminación de los topes tarifarios por parte del gobierno nacional.
En enero pasado, la Superintendencia de Seguros de la Nación, a través de la Resolución Nº 18, derogó los pisos y techos que regulaban las tarifas de las ART, las cuales se calculan como un porcentaje de las nóminas salariales. Esta medida tuvo como consecuencia aumentos directos en el costo de estas aseguradoras para los empleadores.
Impacto de los costos ocultos en paritarias
A la problemática de las ART se suman los “costos ocultos” derivados de las paritarias. Estos se refieren a aportes obligatorios, solidarios y contribuciones adicionales que los empleadores deben asumir, más allá de los acuerdos salariales básicos. En el sector Comercio, que es el convenio más extenso del país con 1,2 millones de trabajadores, se destacan varios casos significativos. Uno de ellos es la Contribución Solidaria por COVID-19 a la obra social OSECAC, vigente desde abril de 2021 y que aún se cobra por cada empleado, independientemente de su afiliación a dicha obra social.
Otro componente es el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), donde los empleadores contribuyen con el equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada empleado. Este fondo, que según INACAP recauda más de $30 mil millones anuales, se destina a financiar actividades de capacitación o fortalecimiento institucional. Adicionalmente, existe el seguro complementario de retiro obligatorio La Estrella, que representa el 1,6% del salario. Este seguro no permite la elección de otra opción ni por parte del trabajador ni del empleador. El 50% de este aporte se destina a una cuenta individual del trabajador, mientras que el otro 50% financia el sistema solidario de retiro.
Comerciantes señalan que, para acceder al beneficio de La Estrella, un trabajador debe haber aportado al menos 20 años. Argumentan que muchos trabajadores cambian de rubro y no llegan a obtener el beneficio, y quienes solicitan el rescate de fondos, por ejemplo, tras un despido, solo reciben el 50% de lo depositado. La capitalización de estos fondos, dependiente de las inversiones de La Estrella, también ha sido objeto de polémica.
Estas erogaciones, junto con las cargas sociales y otros compromisos, incrementan el costo laboral argentino, lo que limita los márgenes de inversión y desincentiva la creación de nuevos puestos de trabajo. CADAM subraya que esta situación restringe la capacidad del sector privado para generar empleo formal, un motor esencial para el desarrollo económico del país.
