Caso YPF: la jueza Preska exige datos internos y pone en jaque la defensa argentina

La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Segundo Circuito de Nueva York, dispuso que YPF entregue en un plazo de 15 días correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y documentación interna. El objetivo es determinar si la compañía opera de manera independiente o como un brazo del Estado argentino en el juicio por la expropiación de 2012.

Preska negó que la empresa pueda intervenir como parte en el proceso de discovery, lo que obliga a la petrolera a presentar la información requerida sin condicionar el acceso de los demandantes.

Audiencia decisiva en octubre

El 29 de octubre se realizará una audiencia clave en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. Allí expondrán sus argumentos Argentina, YPF y los síndicos que reclaman la millonaria indemnización.

El tribunal revisará el fallo de primera instancia que ordenó al país pagar u$s16.100 millones más intereses a los fondos Burford Capital y Eton Park. Esa sentencia liberó a la petrolera de responsabilidad directa, pero si la Cámara considera que Argentina y YPF son lo mismo, la Justicia podría avanzar sobre los bienes de la compañía para asegurar el cobro.

Reclamos de los fondos y riesgo económico

Los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio tras la quiebra del Grupo Petersen, presionan para obtener un pago anticipado. Reclaman intereses que suman cerca de u$s2,5 millones diarios, además de honorarios legales que rondan u$s1.500 por hora.

Para la defensa argentina, la estrategia es lograr que la Cámara modifique o reduzca la sentencia. El país perdió todos los planteos en primera instancia y enfrenta, además, una apelación pendiente: el 30 de junio Preska había ordenado transferir el 51% de las acciones de YPF a un fideicomiso como garantía de pago. Esa medida será revisada el 25 de septiembre, cuando el Estado presentará su postura oficial.

Escenario incierto para YPF y el país

El resultado de estas instancias puede marcar un precedente para las relaciones entre empresas estatales y el gobierno argentino. Según el consultor Sebastián Maril, “cuanto más autónoma se muestre YPF, menores serán las posibilidades de que los fondos demandantes convenzan a la jueza de que es parte del Estado”.

La definición de la Cámara no solo impactará en la economía argentina, sino también en la operación de YPF, que busca despegarse de la influencia estatal para proteger sus activos en el exterior.