Caso YPF: fijan una nueva audiencia clave en Nueva York

El juicio por la expropiación de YPF en 2012 suma un nuevo capítulo judicial esta semana. La jueza Loretta Preska, a cargo del caso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, convocó a una audiencia clave para este martes 29 de julio.
lunes 28 de julio de 2025

La convocatoria tiene el objetivo de resolver temas pendientes vinculados al proceso de discovery, una instancia prevista en el derecho estadounidense que permite a las partes intercambiar información para avanzar en el cumplimiento de la sentencia. Este proceso tiene como objetivo que ambas partes tengan acceso a la información necesaria para preparar su caso.

La jueza Loretta Preska busca que las partes avancen en el proceso Discovery.

En este caso, el discovery busca identificar activos del Estado argentino que podrían ser embargados en el extranjero, en el marco del fallo que condenó al país a pagar más de 16.000 millones de dólares a los fondos Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, financiados por Burford Capital.

Según explicó el analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en el caso, “el 29 de julio habrá una reunión con la Juez Preska para destrabar ciertos temas pendientes sobre este discovery”. Entre los puntos en discusión, se encuentra la entrega de información sobre privatizaciones de empresas estatales, como parte de los acuerdos alcanzados entre las partes, además de pedidos de datos relacionados con Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central.

Apelaciones cruzadas: la Corte fija fecha para octubre

En paralelo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York fijó para la semana del 27 de octubre la audiencia en la que se tratarán las apelaciones cruzadas presentadas por ambas partes. Así lo informó el abogado especialista en derecho internacional Sebastián Soler, quien precisó que la fecha exacta será consensuada entre los jueces y los representantes legales de Argentina y de Burford Capital.

Soler señaló en redes sociales que “la Cámara debe resolver apelaciones cruzadas de ambas partes. Primero, la de la Argentina contra la condena y, supletoriamente, el monto de la indemnización, y segundo, la de Burford contra la decisión de Preska de eximir de responsabilidad a YPF”.

El abogado también recordó el contexto en el que se originó el litigio: “Recordemos que realizar esa oferta habría implicado que Argentina le pagara a esos otros accionistas un precio por acción mucho más alto que el de mercado y que el que se le pagó a Repsol. Luce razonable, y ciertamente legal bajo el derecho argentino, que el gobierno de entonces no haya realizado semejante oferta (recordemos también que la Ley 26.741, sancionada en 2012 por mayorías abrumadoras de ambas cámaras del Congreso, solo autorizó al Poder Ejecutivo a adquirir el 51%)”.

La posición del Gobierno argentino

El 30 de junio, Preska emitió una orden que obliga al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos beneficiarios, como parte del cumplimiento de la sentencia. Esta decisión se desprende de la expropiación realizada en 2012, cuando el gobierno nacional tomó el control de las acciones que estaban en manos de la española Repsol.

Lee también: Expropiación de YPF: La jueza Preska ordenó la entrega del 51% de las acciones a los beneficiarios

Ante esta medida, el Gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro, presentó dos escritos ante la Corte neoyorquina solicitando la suspensión del fallo. En sus argumentos, sostuvo que la cesión de acciones públicas en YPF requiere la aprobación del Congreso, por lo que cualquier intento de ejecutar la transferencia sin esa autorización sería jurídicamente inviable. Además, se advirtió que la pérdida del control mayoritario del Estado sobre la compañía podría afectar gravemente a los accionistas.

En las últimas horas, los beneficiarios del fallo notificaron que no desean quedarse con las acciones de YPF, aunque reclaman que Argentina deposite una garantía para continuar con la apelación. Este cambio se produce luego de que el Gobierno de Estados Unidos presentara un “amicus curiae” en respaldo de la posición nacional, una intervención que, si bien no es vinculante, tiene peso en la evaluación del tribunal.

 

 

Redactado en base a información del medio Más Energía.