El Gobierno busca frenar la entrega del 51 % de YPF: “La pérdida sería irreversible”

Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para frenar la entrega del 51 % de las acciones de YPF. Lo hizo horas antes del vencimiento del plazo impuesto por la jueza Loretta Preska, quien falló en contra del país por la expropiación irregular de 2012 y ordenó el pago de más de 16 000 millones de dólares.

La defensa nacional pidió que se mantenga la suspensión temporal de la medida, mientras avanza la apelación de fondo. De no lograrlo, el país quedará expuesto a un riesgo de desacato internacional con impacto directo en los mercados financieros.

Los principales argumentos

En el escrito, el Gobierno advirtió que la orden vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero. Remarcó que las acciones están en territorio argentino, no se usan con fines comerciales en Estados Unidos y, por lo tanto, no pueden ser embargadas.

Además, sostuvo que la medida viola leyes internas, ya que la venta de esas acciones requiere la aprobación de dos tercios del Congreso. “No existe riesgo de disipación de los activos”, aseguraron.

El control de la petrolera está en juego

Desde la Procuración del Tesoro explicaron que la ejecución de la orden causaría un daño irreparable: “Implicaría la pérdida del control estatal sobre la principal empresa energética del país. Si las acciones fueran vendidas, el perjuicio sería irreversible, incluso si luego ganamos la apelación”, indicaron.

También advirtieron que se verían afectados terceros, como los accionistas, la propia empresa y el pueblo argentino. Incluso podrían comprometerse las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Qué se espera en los próximos días

Ahora la Justicia norteamericana debe decidir si concede o no la suspensión solicitada. En caso afirmativo, el país ganará tiempo clave hasta que se resuelva la apelación definitiva, que podría demorarse hasta mediados de 2026.

Pero si la solicitud es rechazada, se reactivará el fallo de Preska y la Argentina quedará al borde del desacato, algo que podría empeorar el panorama económico y político en plena crisis.

Un fondo que exige cobrar

Del otro lado está Burford Capital, el fondo que compró el 70 % de los derechos de litigio de las empresas Petersen y que exige garantías para asegurar el cobro. Aclararon que no pretenden quedarse con YPF, pero sí presionan para que la Argentina responda con activos reales.

Este lunes, también se manifestaron en contra del gobierno de Donald Trump, que se presentó en la causa como amicus curiae para apoyar al país sudamericano. No es la primera vez que Estados Unidos interviene: en 2019 también lo hizo, pero en aquella oportunidad fue en contra de los intereses argentinos.