La AMFJCH solicita la nulidad del dictamen fiscal y recusa a funcionarios judiciales
La AMFJCH argumentó que no fue notificada de la decisión del procurador de designar un equipo de fiscales, lo que impidió ejercer su derecho a recusar. La asociación sostiene que el procurador general y sus dos adjuntos están inhibidos de actuar porque, según la denuncia, ellos también recibieron los adicionales de sueldo que son objeto de la investigación, y el hecho de haber devuelto el dinero no los habilita a intervenir en una causa que los involucra directamente.
Además, la AMFJCH señaló que los tres fiscales que elaboraron el dictamen debieron haberse excusado. Argumentan que estos fiscales no han sido evaluados por el Consejo de la Magistratura a los tres años de su cargo, evaluación en la que intervendrá un ministro del STJ. En el caso específico del fiscal Papini, la asociación mencionó la existencia de evidencias públicas y notorias de su relación de amistad y laboral con el ministro Dr. Giacomone, una relación que ambos han admitido.
Por otro lado, la asociación cuestionó al Ministerio Público Fiscal (MPF) por, supuestamente, arrogarse facultades propias de los jueces al disponer la habilitación de la feria, sorprendiendo a los denunciantes y sin permitirles ejercer sus derechos legales, como el de opinar antes de una decisión que suspenda o ponga fin al proceso.
Ante lo que considera una falta de producción de pruebas pertinentes por parte del MPF para el esclarecimiento de los hechos, la AMFJCH presentó seis pedidos al STJ en pleno ejercicio de la Ley de Acceso a la Información Pública. Estos pedidos buscan información detallada sobre el uso de fondos públicos para la compra de vehículos, sobresueldos, pasajes, viáticos, tarjetas corporativas, designaciones sin concurso y la publicación de las decisiones del Máximo Tribunal.
Finalmente, la AMFJCH solicitó su participación como querellantes y adelantó que, si la validez del dictamen es confirmada, requerirá su revisión.
