El Gobierno sospecha de traición en la Procuración del Tesoro
El Gobierno nacional despidió a más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro de la Nación en medio de una profunda reestructuración, pero detrás de la decisión oficial —justificada bajo el paraguas de una “búsqueda de eficiencia”— se esconde una trama más inquietante: fuertes sospechas de filtraciones que habrían debilitado la estrategia argentina en el juicio por la expropiación de YPF en Nueva York.
Según trascendió, los abogados del Estado comenzaron a notar que ciertos movimientos jurídicos eran anticipados por los poderosos estudios que litigan contra la Argentina, entre ellos el polémico fondo Burford Capital, que lidera la demanda multimillonaria. Esto generó alarma en la Casa Rosada, donde se teme que hubo fuga de información clave.
La causa, que avanza en la corte de la jueza Loretta Preska, ya determinó una condena sin precedentes: USD 16 100 millones en contra del Estado argentino. Más aún, Preska ordenó que el país entregue el 51 % de las acciones de YPF a los demandantes. Sin embargo, esta semana el Gobierno logró una pequeña victoria: la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York suspendió de manera preventiva esa decisión, dándole algo de aire al equipo legal local.
Mientras tanto, el escándalo salpica a la propia cúpula de la Procuración, conducida por Santiago Castro Videla. Según medios nacionales, su designación causó revuelo por su cercanía con el constitucionalista Alberto Bianchi, quien habría colaborado con el fondo demandante en la causa contra YPF.
La reorganización interna ya eliminó direcciones nacionales, redujo personal jerárquico y disolvió la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, cuyas funciones ahora serán absorbidas por un centro con menos de un tercio de la dotación original.
En paralelo, fuentes del Gobierno confirmaron el malestar del presidente Javier Milei con la estrategia jurídica adoptada hasta el momento. Como posible respaldo político para Castro Videla aparece Santiago Caputo, uno de los hombres clave del actual oficialismo.
En un giro inesperado, la administración de Donald Trump anunció que se presentará como amicus curiae en el litigio, lo que podría significar un respaldo diplomático importante para la posición argentina en uno de los juicios más costosos de su historia.
