Alberto Fernández fue procesado por la causa Seguros

El juez Casanello lo acusó de negociaciones incompatibles con la función pública y le impuso un embargo millonario. También fueron procesados el empresario Martínez Sosa y la exsecretaria presidencial María Cantero.
viernes 11 de julio de 2025

El expresidente Alberto Fernández fue procesado este jueves por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa conocida como “Seguros”. La resolución judicial incluye un embargo sobre sus bienes por $14 634 millones y lo acusa del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La causa gira en torno al decreto 823/21, por el cual todos los ministerios y organismos estatales quedaron obligados a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros. Según la Justicia, esa medida habría favorecido directamente al empresario Héctor Martínez Sosa, amigo personal del exmandatario.

En el fallo, de más de 400 páginas, Casanello sostiene que “existen fuertes sospechas de que Fernández construyó una oficina presidencial que operó como base de negocios del grupo empresarial con el que tenía vínculos previos”. También cuestiona la designación de María Cantero, exsecretaria privada de Fernández y pareja de Martínez Sosa, como funcionaria en la Casa Rosada.

“La evidencia muestra que la relación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero excedía el plano profesional o amistoso. Hubo intercambio frecuente de mensajes, visitas, regalos, flujos de dinero y favores personales”, detalla el documento judicial.

Durante la presidencia de Fernández, la empresa Martínez Sosa acumuló contratos con al menos 19 organismos públicos, entre ellos cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Corredores Viales S.A., .Casa de la Moneda, el Fondo Nacional de las Artes y la Corte Suprema. Según el expediente, el grupo cobró comisiones por más de $2297 millones entre 2019 y 2023, lo que representa casi el 60 % de lo abonado en ese rubro por el Estado en ese período.

El delito que se le imputa a Fernández tiene una pena de entre uno y seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Con información de Infobae