Javier Milei vetó en su totalidad la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca

El Gobierno nacional vetó en su totalidad la Ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe por 180 días en Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las severas inundaciones del pasado marzo. El proyecto había sido sancionado por el Congreso el 4 de junio y contemplaba la creación de un fondo especial de $200.000 millones, con medidas de alivio para damnificados, como suspensión de ejecuciones, exenciones impositivas y líneas de crédito preferenciales. Sin embargo, fue desestimado a través del Decreto 424/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.

Según argumentó el Poder Ejecutivo, las acciones propuestas en la ley ya fueron implementadas tras el temporal del 7 de marzo mediante el Decreto 238/25. Ese instrumento creó un fondo de la misma magnitud, gestionado por el Ministerio de Seguridad, y un régimen de subsidios denominado “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”. De acuerdo con datos oficiales, el 85,43% de los inscriptos para recibir el beneficio ya obtuvo el pago, mientras que el 10,55% continúa bajo análisis y el 4,01% fue rechazado.

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Otro de los puntos objetados por el Gobierno es que la ley no incluía una previsión presupuestaria, violando lo establecido en el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera. Además, el Ejecutivo aclaró que Coronel Rosales no fue incluido en los relevamientos técnicos del Servicio Meteorológico Nacional ni en los informes de la Agencia Federal de Emergencias, lo que, según el decreto, vuelve “de imposible cumplimiento” su incorporación como zona asistida.

También se rechazó la necesidad de nuevas líneas de crédito, ya que el Banco Nación –según el texto oficial– tiene facultades vigentes para asistir financieramente a familias y empresas. El Gobierno indicó que parte del financiamiento proviene del préstamo BID AR-O0016, destinado a emergencias por desastres naturales, y que su elegibilidad fue confirmada el 20 de marzo.

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Con el veto total, el Ejecutivo devuelve el proyecto al Congreso y frustra la posibilidad de una nueva vía legislativa para ampliar la asistencia a las zonas afectadas por las inundaciones, al menos durante este año parlamentario.