Destituyeron a un intendente tras la difusión de un audio y convocan a elecciones para octubre

Juan Bautista Alberdi, ubicado a 100 kilómetros de la capital provincial, es gobernado por el PJ desde 2003, el liderazgo del municipio ha sido alternado entre Campos y su esposa, Sandra Figueroa, actual legisladora provincial.

El audio que impulsó la intervención fue grabado por el empresario Roberto “Chipi” Giménez, contratista de obras públicas en la ciudad, quien también expresó su intención de postularse como intendente. La conversación se originó por el robo de maquinaria en un predio municipal. En el audio, Giménez reclama a Campos el pago de 16 millones de pesos y afirma: “Luis, no tenes las bolas para gobernar. Vos sos el jefe. Acá el comisario te tiene que chupar el pingo a vos. Se han robado todo, han cortado el candado. Yo quiero ir a una interna, quiero ser el intendente”.

En otro fragmento, Giménez dice: “Vos tenes que decirle: ´Soy el intendente, soy el que maneja la policía, soy el que maneja la droga, soy el que maneja las muertes, todo´. Necesitas un Al Capone para gobernar, no un Lassie. Por eso no te respetan, rey. Están diciendo que Luisito está metiéndose merca todos los días en la oficina. Armemos una licencia tuya y vamos a una interna”.

Campos reconoció públicamente que su voz aparece en el audio, aunque negó cualquier vínculo con actividades ilícitas. “De la grabación no recuerdo muchos detalles”, declaró al medio El Tucumano. Además, cuestionó la legalidad de la grabación: “Grabar a alguien sin su consentimiento es ilegal”. Sobre la causa, dijo: “Soy el principal interesado en que esto se resuelva. Esto es un dime y direte. Hay un detenido en la causa de apellido Campos, yo soy de apellido Campos, pero no tengo nada que ver. Quiero limpiar mi apellido y me pongo a disposición de la justicia”. En ese marco, había adelantado que no pensaba dejar el cargo: “Estoy más firme que nunca. Se lo dije al Gobernador: no voy a renunciar. El pueblo de Alberdi está conmigo”. Sin embargo, fue desplazado por decisión del Ejecutivo.

El gobernador Jaldo destacó que “la intervención no fue solo por el audio” y advirtió que “van a ir presos y el que tenga responsabilidad institucional los vamos a intervenir”. Aclaró: “No es merecedor de conducir una ciudad. En este caso es Alberdi, pero ni siquiera una comuna. Como gobierno vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Estamos tocando intereses. No es casualidad que un día antes hemos secuestrado un pan de cocaína en Alberdi. Están molestos, están intranquilos”.

En el DNU firmado por Jaldo y su gabinete se expresa: “Desde hace tiempo los habitantes del municipio de Juan Bautista Alberdi han sido víctimas de sucesivos hechos vinculados con la venta ilegal de estupefacientes, que se han agravado con las denuncias penales formuladas contra las autoridades del órgano ejecutivo y del Concejo Deliberante”.

El pasado domingo, efectivos de la Policía de Tucumán y de Gendarmería realizaron allanamientos en los domicilios de Campos, Giménez y otros funcionarios municipales, bajo la orden del Ministerio Público Fiscal del Centro Judicial de Concepción. En la vivienda particular de Giménez y en el ex mercado municipal se secuestraron teléfonos celulares, documentación y el DVR del sistema de videovigilancia.

Giménez, de 39 años, es contratista de obras públicas. Su empresa, Giménez Group, construyó una sala velatoria municipal por 15 millones de pesos y había sido contratada para recuperar el mercado municipal, aunque los trabajos nunca finalizaron. También trabajaba en la refacción del Centro Cultural de la ciudad. El conflicto con el intendente surgió tras el robo en el obrador del mercado. En el audio viral, Giménez reclama: “¿Quién me va a devolver los 16 millones de pesos que me llevaron?”.

El gobernador designó como interventor a Guillermo Norry, un dirigente con trayectoria en el PJ tucumano y pasado en el Sindicato de Luz y Fuerza. Norry asumió el control del municipio con el objetivo de restablecer el orden administrativo y garantizar la continuidad de los servicios. Su primer acto fue dejar sin efecto el organigrama del Ejecutivo municipal. “El interventor tiene la misión de poner en orden las finanzas y la gestión, y de asegurar la continuidad de los empleados municipales en sus funciones”, señaló el ministro del Interior, Darío Monteros.

El proceso de intervención deberá ser ratificado por la Legislatura provincial en los próximos días. Mientras tanto, la administración de Norry trabajará para estabilizar la situación institucional y preparar el terreno para las elecciones del 26 de octubre, donde se eligirá un nuevo intendente.