Conservación
Chubut aprobó una ley pionera para proteger al elefante marino del sur
Chubut hizo historia al sancionar, el pasado 24 de abril de 2025, la primera ley específica para proteger al elefante marino del sur (Mirounga leonina), el emblema de la Península Valdés reconocido a nivel global.
La iniciativa, impulsada por el diputado Sergio Daniel González, llega en un momento crítico: un estudio publicado en Marine Mammal Science reveló que la epidemia de gripe aviar H5N1 en 2023 exterminó al 97% de las crías y a un número indeterminado de adultos reproductores, reduciendo la única colonia continental de la especie a su mínimo histórico.
La norma busca mitigar amenazas adicionales en costas no protegidas, donde estos mamíferos –que pueden alcanzar 5.5 metros y 3.5 toneladas– enfrentan disturbios humanos durante sus etapas vitales: reproducción (septiembre-octubre) y muda de piel (noviembre-marzo). "Un vehículo o un perro suelto pueden provocar que una hembra abandone a su cría o agote energías clave para su supervivencia", explica Julieta Campagna, de WCS Argentina, organización que colaboró en el diseño de la ley.
Los pilares fundamentales de la nueva legislación
La ley de protección al elefante marino del sur establece cuatro ejes estratégicos para garantizar la conservación efectiva de esta especie emblemática. En primer lugar, se implementarán zonas de exclusión que prohíben expresamente acercarse a menos de 50 metros a los ejemplares en playas fuera de áreas protegidas, como Punta Ninfas e Isla Escondida, donde actualmente los animales carecen de resguardo institucional.
Complementariamente, se crea un fondo de conservación específico que financiará dos acciones prioritarias: el monitoreo científico permanente de las poblaciones y campañas masivas de concientización turística. Estos recursos permitirán, por un lado, generar datos actualizados sobre el estado de la especie y, por otro, educar a visitantes sobre prácticas responsables de observación.
La norma también contempla la elaboración de protocolos de emergencia para actuar rápidamente ante eventuales nuevos brotes epidémicos o eventos de varamiento masivo, estableciendo procedimientos estandarizados de rescate y contención. Como contraparte disuasoria, se establecieron sanciones económicas para quienes incurran en conductas dañinas como transitar con vehículos en playas de reproducción, arrojar objetos hacia los animales o permitir el acercamiento de mascotas sin control.
Un largo camino por recorrer
Los pronósticos científicos sobre la recuperación poblacional resultan poco alentadores. Según estudios conjuntos realizados por WCS Argentina, CONICET y la Universidad de California Davis, se estima que:
-En el mejor escenario posible, donde la epidemia solo hubiera afectado a las crías, la población necesitaría al menos 12 años para alcanzar sus números históricos.
-Si el virus comprometió significativamente la cantidad de hembras reproductoras —como sugieren algunos indicios— el proceso podría extenderse por más de 50 años.
-El panorama más crítico sería la reaparición del virus, lo que generaría un riesgo real de extinción local de la especie.
Nadia Bravo, Subsecretaria de Áreas Protegidas de Chubut, fue contundente al señalar que "sin esta ley, estaríamos agregando presión humana adicional a un drama ecológico ya de por sí grave". Recordó que, incluso antes de la pandemia de gripe aviar, ya se documentaban casos graves de maltrato como encallamientos en redes de pesca abandonadas y hasta disparos con armas de fuego contra estos animales.
Un esfuerzo colaborativo sin precedentes
La aprobación de esta normativa fue posible gracias a una alianza multisectorial inédita. Por parte de la comunidad científica, la Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina aportó cuatro décadas de investigaciones y datos de campo sobre la especie. Desde el sector gubernamental, participaron activamente el Ente Mixto Rawson Turístico (EMRaTur) y la Dirección de Fauna y Flora Silvestre provincial.
La sociedad civil también tuvo un rol protagónico, con figuras como la reconocida fotógrafa de naturaleza Adriana Sanz, quien documentó por años el comportamiento de los elefantes marinos. El consenso político fue otro factor clave, logrando el apoyo transversal de legisladores de distintos espacios partidarios, todos comprometidos con la protección del patrimonio natural chubutense.
