García-Mansilla evalúa renunciar tras el rechazo del Senado a su designación en la Corte Suprema

A pesar de las intenciones del Poder Ejecutivo de que continúe en funciones, la decisión de la Cámara alta condicionó su permanencia. Desde el Gobierno se presentó un recurso per saltum ante el máximo tribunal para revertir una medida cautelar del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien le ordenó abstenerse de firmar fallos.

García-Mansilla juró como ministro el 27 de febrero. Desde entonces, firmó 215 sentencias en el máximo tribunal. La orden de Ramos Padilla fue dictada tras una presentación del abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quienes impugnaron la designación por entender que vulnera el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional.

El artículo mencionado establece que el presidente de la Nación puede realizar nombramientos temporales durante el receso del Senado. El texto señala:

Artículo 99. El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:
[...]
19. Llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión, que expirarán al fin de la próxima Legislatura.

Esta disposición le permite al Poder Ejecutivo cubrir cargos urgentes de forma provisoria, pero esos nombramientos están condicionados a la posterior aprobación del Senado. En caso de que el Senado rechace el pliego, como ocurrió con García-Mansilla, el nombramiento en comisión pierde sustento. Por eso, distintos sectores jurídicos y políticos consideran que, una vez rechazado el acuerdo, el juez no puede continuar ejerciendo funciones jurisdiccionales en la Corte Suprema.

“La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”, sostuvo Ramos Padilla, y agregó que ese acuerdo “es una condición esencial para la validez del nombramiento”.

El juez fue nombrado durante el receso legislativo, sin el aval de los dos tercios del Senado. El rechazo del cuerpo legislativo incrementó la presión institucional. “Estamos defendiendo si vamos a tener una Justicia independiente o una Justicia adicta a tiro de decreto”, afirmó el senador Martín Lousteau. Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti señaló: “Esto es un asalto institucional del Poder Ejecutivo a los otros dos poderes del Estado”.

La respuesta del Gobierno fue inmediata. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó: “La Corte le tomó juramento”. Y agregó que no hay ningún artículo constitucional que imponga la renuncia de García-Mansilla en estas condiciones.

En el expediente judicial, García-Mansilla argumentó: “Desde el 27 de febrero de 2025 estoy ejerciendo en la Corte de Justicia de la Nación la función judicial prevista en la Constitución”. Según su presentación, su eventual salida antes del 30 de noviembre solo podría ocurrir mediante juicio político.

Sin embargo, en agosto de 2023, durante su audiencia ante la Comisión de Acuerdos del Senado, el propio juez había afirmado que no aceptaría un nombramiento en comisión. Ante una consulta directa de Fernández Sagasti, respondió: “Yo no hubiera aceptado una nominación en comisión, porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente”.

Y amplió: “Hay ciertas atribuciones que tienen los poderes constitucionales que, al momento de ser ejercidas, a pesar de que son constitucionales, pueden afectar a una institución. Le doy un ejemplo: la ampliación de los jueces de la Corte Suprema. Depende el contexto en el que se haga (...) puede afectar al tribunal”.

De avanzar con una posible renuncia, la Corte volvería a quedar integrada por tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Ariel Lijo, el otro candidato propuesto por el Gobierno, tampoco fue aprobado por el Senado y nunca asumió funciones.

La Corte deberá resolver ahora el planteo presentado por el Ejecutivo mientras se define el futuro institucional del tribunal.

Redactado en base a información del periodista Fernando Soriano para el medio Infobae.