Intervienen Corredores Viales y se abre paso a su privatización
Nuestra ruta es administrada por Corredores Viales, y entra en el grupo de tramos a ser futuramente privatizados. La modalidad elegida por el ejecutivo nacional es el modelo de obra pública por peajes.
En este sector, clave tanto para la ciudad petrolera como para la región, el deterioro de la traza ha generado múltiples reclamos debido a la falta de mantenimiento y la demora en la ejecución de obras esenciales para la seguridad vial.
La posibilidad de implementar el cobro de peaje en la Ruta 3 para generar fondos destinados al mantenimiento y reparación de la misma ya había comenzado a ser considerada por la Municipalidad en su momento.
El concejal de Comodoro Rivadavia, Tomás Montenegro, había señalado el pasado septiembre, en diálogo exclusivo con Crónica, que el pasado febrero había trabajado en un proyecto similar, aunque finalmente no fue presentado.
"Ya directamente Vialidad Nacional no estaría funcionando, no estaría ayudándonos en la tarea de poder mantener la ruta", comentó.
Señaló también que, según el proyecto que había confeccionado en aquel entonces, en principio el cobro del peaje se implementaría en los puestos de Ramón Santos, en el sur de la ciudad, y en el Módulo Norte, además de la Ruta 26, afectando a vehículos provenientes de otras localidades. "La idea era que se le cobraría el peaje tanto a camiones como a los vehículos livianos o medianos que no estén tributando en la ciudad de Comodoro", agregó el concejal.
El rol de Corredores Viales S.A.
Se trata de una empresa de participación mayoritariamente estatal creada para la construcción, mantenimiento y explotación de corredores viales nacionales. La entidad tiene a su cargo un total de 19.645,57 kilómetros de ruta.
Su funcionamiento ha sido regulado por diversas normativas, y su administración estaba bajo la órbita del Ministerio de Economía. Con la intervención, el control de la empresa y todas las facultades administrativas pasan a ser responsabilidad de una funcionaria que forma parte del círculo del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.
Anastasia María de los Ángeles Adem, quien ocupó el cargo de gerente general de la Casa de la Moneda entre 2020 y 2023, tendrá la tarea de auditar la gestión, revisar la administración de recursos y proponer un plan de reestructuración.
Según datos oficiales, en el inicio de la actual gestión el 45% de la traza operada por Corredores Viales se encontraba en un estado deficiente o crítico, con contratos de obra paralizados y un atraso tarifario del 45% en relación con la tarifa técnica. Además, la empresa registró en 2023 un resultado económico negativo, con una deuda con proveedores de 142.000 millones de pesos y pérdidas acumuladas por 268.000 millones de pesos, lo que obligó a una asistencia del Tesoro Nacional por 301.000 millones de pesos.
Privatización en marcha
El proceso de privatización de Corredores Viales S.A. fue autorizado mediante el Decreto 97/25 y se desarrollará bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje. El Ministerio de Economía, con la asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de implementar las medidas necesarias para la disolución y liquidación de la sociedad.
La intervención buscaría garantizar transparencia y eficiencia en la gestión de la empresa durante este proceso de transición. El resultado de la auditoría y las decisiones que tome la nueva interventora serán determinantes para definir el futuro de Corredores Viales en el esquema de privatización del Gobierno.
Cambios en la supervición
Hasta el momento, la empresa estaba bajo la supervisión de Luis Caputo y el Ministerio de Econoimía, pero con la designación de Adem, el control deja de responder directamente a él y pasa a otro círculo dentro del oficialismo libertario.
Entre las facultades otorgadas a la interventora se encuentran la revisión del estado financiero y administrativo, la optimización de recursos y la readecuación de la estructura organizativa. Adem también tendrá la potestad de nombrar y remover funcionarios de la empresa según lo requiera y considere necesario.
Se esperan más novedades respecto a la privatización y el futuro de los tramos afectados en los próximos meses.
