Estafas en el IPV: El fiscal sostuvo que en caso de llegar a juicio, la pena podría ser de hasta 50 años

Además, precisó “la calificación legal que autorizó el juez fue la que ha escogido el Ministerio Público Fiscal, que es la prevista en el artículo 172 del Código Penal, que prevé el delito de estafa, en calidad de autora para Vanessa Fita y en calidad de partícipes necesarios para la señora Mansilla, Curán, Páez y Miranda. Lo valioso en definitiva, aunque sea provisorio, es que la calificación legal ha sido comprensiva de los 594 casos que ha detectado el Ministerio Público Fiscal y que estos casos concurren de manera real” y continuó “esto tiene básicamente impacto en la escala penal eventualmente frente a la declaración de responsabilidad posterior que se pueda dar respecto de estas personas”.

Sobre este último punto, aseveró “inicialmente un único delito de estafa prevé una pena de entre 1 y 6 años de prisión, y en este caso estamos hablando de 594 casos, por las reglas del concurso eventual, supera ampliamente el tope legal del artículo 55 que está previsto en 50 años, de manera tal que la escala penal en este caso será de 1 a 50 años de prisión”.

De la misma manera, el fiscal, sostuvo que “hay muchísima información que hay que procesar hasta el momento y en lo que ha sido la investigación, tengan en cuenta que hemos obtenido información de entidades bancarias, de la AFIP a partir del levantamiento del secreto fiscal. Tenemos secuestrados aproximadamente ocho equipos de telefonía celular, y hemos secuestrado también gran cantidad de documentación” y dijo que “se ha requerido gran cantidad de información también al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), de manera que es mucha la información que se ha procesado y continúa procesando”.

El aporte de las coimputadas fue “necesario” para efectuar la estafa

Respecto al rol de quienes fueron imputadas como partícipes necesarias, Cárcamo aseveró que la acreditación de ello es materia de investigación sin embargo, mencionó que “el Ministerio Público Fiscal entiende que el aporte que han realizado estas otras coimputadas, en calidad de partícipes, es un aporte necesario, es decir, sin el aporte de estas personas, la maniobra tal y como la ha planteado el Ministerio Público Fiscal no se podría haber llevado adelante. No obstante a ello, será por supuesto materia de investigación y de acreditación con el grado de certeza que se requiere para formular una acusación. Es eventualmente de esperar que en todo caso, si la evidencia no sostiene este grado de participación, por el principio de objetividad se deba requerir algún pronunciamiento legislativo de todas ellas o para alguna de ellas”.

Pese a ello, Cárcamo, recalcó que “de lo que sí no queda ningún tipo de dudas es de la plena responsabilidad en la imputación a la señora Vanesa Fita en carácter de autora y organizadora de toda esta maniobra defraudatoria”.

“No se ha verificado la participación de ningún funcionario público”

Consultado sobre la posibilidad de que surjan nuevas imputaciones a lo largo de la investigación, el fiscal, señaló que “hay otro segmento de la investigación que está contenido en esta causa, que tiene que ver justamente con la posibilidad de poder atribuir alguna actividad de encubrimiento, en los términos del artículo 277 del Código Penal, respecto a algunas otras personas que habrían prestado colaboración para hacer circular el dinero, este valor total de afectación, que es cercano a los 60 millones de pesos, también lo he señalado en la audiencia, que el modo en el que se lleva adelante esta estafa consiste justamente en esa influencia mentida y en esta calidad simulada” y siguió “influencia mentida que tiene que ver justamente con estas vinculaciones eventualmente políticas que podría tener la coautora, no solamente con quien tiene un vínculo biológico, es decir con su hermano, sino también con algunos otros funcionarios, pero hasta el momento la investigación ha determinado que efectivamente estamos frente a un supuesto de influencia mentida, es decir, no se ha verificado la participación o la colaboración de ningún funcionario público municipal ni provincial”.