Llaiquel: “Con estos desalojos forzosos, el Estado termina generando violencia institucional”

Recientemente, se dio a conocer que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó el planteo de la Lof Pailako Mew, que hacía que quedara en stand by el desalojo de la comunidad instalada en el Parque Nacional Los Alerces desde 2020, de manera que se ordenó el desalojo.

Si bien hay sentencia firme, los defensores de la Lof, integrantes de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, elevaron un recurso de queja ante la Corte para intentar dar un freno a la medida, pero sería inminente el desalojo.

Respecto a ello, Roberto Llaiquel, integrante de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y del Grupo Pro Derecho de los Niños, precisó “cada pacto o tratado, convenio de Derechos Humanos, tiene una particularidad de tener que emitir opiniones consultivas y dentro de ello, dice que se prohíben los desalojos forzosos como regla” y añadió “el tema es que la legislatura interna de nuestra arquitectura jurídica aparece el tema de los desalojos y en derechos humanos no se habla de desalojos, está prohibido ese tema. Desde el sistema penal se habla de usurpación, entonces termina colisionando con los postulados de los tratados de derechos humanos y en las observaciones generales que emite en este caso, el Comité Económico, Social y Cultural, que prohíbe los desalojos forzosos, lo que tiene es que recomienda instalar una mesa de diálogo e instar a la reubicación de las familias, pero sin llegar a la violencia del Estado”.

Además, comentó “cuando se habla de un desalojo, en todo caso el que está en falta es el Estado por no garantizar el derecho al acceso a la tierra y a la vivienda”.

Además, recalcó “hay que tener en cuenta que con las comunidades originarias hay un conflicto desde hace muchos años, desde el inicio del Estado Nación, porque formalmente reconoce la preexistencia de los pueblos originarios a través del Artículo 75, inciso 17, con instituto de protección contra los pueblos originarios y sus tierras, pero en la práctica, se terminan generando políticas que violentan sus territorios y muchas veces, estos territorios están anclados en parques nacionales, que hay muchas referencias, y que terminan violando el tema del derecho al acceso a la tierra, a la vivienda, pero también a otros intereses como son los pueblos originarios”.

En este sentido, destacó que “con estos desalojos forzosos, el Estado termina generando violencia institucional a las poblaciones que tienen derechos adquiridos, no solamente constitucionalmente, sino por una permanencia en tiempo como este caso, los pueblos originarios o puede ser una comunidad que se instaló en el parque o en cualquier lugar, lo que el Estado, lo que debería hacer desde la lógica de los derechos humanos, es activar una mesa de diálogo, parlamentar con las personas que están adentro y buscar entre todos soluciones pacíficas a este conflicto”.

“Un mensaje de tipo criminal”

Sobre las declaraciones realizadas tiempo atrás por el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, donde cuestionaba que los padres utilizaban a los niños de “escudo” para evitar desalojos en líneas generales, planteando “lo cierto que ante la presencia de menores, los padres los usan como un medio para delinquir con impunidad, y debería ser un delito autónomo. No hay ninguna situación tan baja, que demuestre tan poca catadura moral, que usar a un niño para delinquir”.

En torno a ello, Llaiquel, manifestó “ese mensaje es un mensaje de tipo criminal, que busca colocar el problema en la familia y él es parte del Estado como ministro de Seguridad, debería conocer los tratados de derechos humanos, conocer el artículo 75, inciso 17, las recomendaciones y observaciones del Comité Económico, Social y Cultural, que están colocados en la Constitución Nacional y Bloque Constitucional Federal”.