Mientras el Gobierno “deshoja la margarita” con el Presupuesto 2025, formalizó la novena modificación de la ley de 2023
La Jefatura de Gabinete formalizó la novena modificación de la ley de Presupuesto en lo que va de 2024. Siguen sin definiciones sobre qué se hará el año próximo en materia de gastos y recursos de la Administración Nacional.
De esta manera, el Gobierno oficializó una nueva modificación al Presupuesto 2024, en coincidencia con la finalización del período ordinario de sesiones legislativas y sin definiciones respecto a si en 2025 se intentará implementar el proyecto de ley presentado por el presidente Javier Milei el 15 de septiembre o se insistirá con la prórroga del vigente.
Esta modificación se instrumentó a través de la decisión administrativa 1018/2024, publicada este viernes en el Boletín Oficial, ante la necesidad de afrontar “gastos impostergables” para el normal funcionamiento de la Administración Pública Nacional (APN). Los gastos corrientes y de capital se amplían en $ 303.164.548.983 y los recursos corrientes y de capital en $ 303.407.929.793, de lo que resulta una reducción del déficit en $ 243.380.810.
Gastos fuera de la ley
Esta medida es, en rigor, una formalización de gastos no contemplados en la ley de Presupuesto original ni en sus sucesivas modificaciones, así como la inclusión de recursos provenientes de ventas de servicios, tasas y contribuciones de los diversos organismos de la APN. En la mayoría de los casos, se trata de la formalización de pago de salarios y de gastos de funcionamiento, generalmente no previstos en la ley original por haberse subestimado la inflación.
Cabe destacar que el Presupuesto vigente es una prórroga de la ley de Presupuesto 2023, sancionada en 2022 con una pauta inflacionaria del 60%, cuando la inflación de ese año trepó al 211,4% y la de este año se ubicará en torno al 120%. En ese marco, la Subsecretaría de Presupuesto debe realizar periódicamente los ajustes formales para que los gastos y recursos efectivamente realizados se plasmen en actos administrativos, como las decisiones administrativas y los decretos de necesidad y urgencia.
El comodín de un nuevo DNU, siempre a mano
Estos números dejan abierta la posibilidad de por lo menos una nueva modificación en lo que resta del año, ya que los créditos vigentes aún muestran un déficit financiero de más de 8 billones de pesos, que no guarda correlato con la política de equilibrio fiscal del Gobierno.
Así, la principal modificación -sin impacto en el resultado fiscal- fue en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con aumentos de $ 242.000 millones tanto en gastos como en recursos “a fin de atender el pago del subsidio extraordinario de hasta $ 70.000 destinado a los jubilados y pensionados”.
Incluso, también con recursos propios por $ 16.789,5 millones, se atienden gastos del Registro Nacional de las Personas para “atender gastos inherentes a la emisión y entrega de Documentos Nacionales de Identidad, Pasaportes y Certificados de Preidentificación, y de gastos de funcionamiento”.
Finalmente, se incrementan gastos y recursos en igual cuantía para el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en $ 16.720,5 millones, la Dirección Nacional de Migraciones en $ 7.900,6 millones y el Ministerio de Salud en $ 14.306,5 millones.
