Privatización de represas en Neuquén y Río Negro: ¿Cómo impactará en los recursos estratégicos y la participación provincial?
El gobierno argentino avanza en la privatización de cuatro represas clave en las provincias de Neuquén y Río Negro: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que en conjunto cuentan con una capacidad instalada de más de 4.000 MW.
Este proceso, impulsado por el decreto 895/2024 en el contexto de la reducción del Estado, contempla la venta de los paquetes accionarios mayoritarios de estas plantas, que actualmente operan con concesiones vencidas.
El proceso de privatización de represas abarca las siguientes etapas:
Durante el período de transición, los concesionarios actuales seguirán operando las plantas. La oferta del paquete accionario mayoritario deberá incluir anexos como contratos, inventarios, normas de manejo de aguas y protección ambiental. La Secretaría de Energía gestionará las transferencias necesarias de bienes, personal y contratos para garantizar la continuidad del funcionamiento de las plantas.
Actualmente, el 98% de las acciones están en manos de Enarsa, mientras que el 2% corresponde a NASA, de manera transitoria hasta que se complete la privatización.
La Secretaría de Energía, en colaboración con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, establecerá las pautas para el Concurso Público Nacional e Internacional, de acuerdo con el Decreto 895/2024 y la Ley de Bases (Decreto 695/2024). Las empresas o sociedades a privatizar deberán presentar un informe detallado al Poder Ejecutivo, especificando el tipo de privatización, los procedimientos, modalidades y plazos, el cual será revisado por la Comisión Bicameral del Congreso.
Falta de participación provincial: un conflicto subyacente
Uno de los aspectos más criticados de este proceso es la ausencia de participación de las provincias de Neuquén y Río Negro, que son propietarias de los recursos hídricos que abastecen estas represas.
La Constitución Nacional establece que las provincias son las titulares de los recursos naturales, lo que debería haber garantizado su involucramiento directo en las negociaciones. La exclusión de los gobiernos provinciales en un proceso de tal envergadura no solo socava la autonomía local, sino que también plantea dudas sobre la distribución equitativa de los beneficios generados por estos activos estratégicos.
Impacto Ambiental y Disponibilidad de Agua
Otro aspecto crucial es el manejo del recurso hídrico y los riesgos ambientales asociados. Las represas, al regular el caudal de los ríos Limay y Neuquén, desempeñan un papel fundamental en la prevención de inundaciones y en la provisión de agua para el consumo humano y el riego agrícola. La privatización podría resultar en un uso intensivo de estos recursos, priorizando la rentabilidad empresarial sin considerar adecuadamente los impactos ambientales y sociales.
Actualmente, los caudales de los ríos son vitales para las tierras agrícolas irrigadas y constituyen una fuente esencial de abastecimiento de agua potable para varias localidades cercanas.
Además, el manejo de sedimentos y la calidad del agua son puntos críticos, especialmente en el contexto del cambio climático y las variaciones en los niveles de los embalses. Un manejo inadecuado por parte de las empresas concesionarias podría deteriorar la calidad del agua, afectando tanto a los ecosistemas acuáticos como a las comunidades locales que dependen de estos recursos.
Riesgos económicos y soberanía energética
La venta de estas represas a empresas privadas, muchas de ellas extranjeras, implica una pérdida de control sobre una parte importante de la infraestructura energética del país. En el pasado, las concesiones privadas no siempre han priorizado las necesidades del desarrollo local o regional.
La privatización podría limitar las capacidades de las provincias de beneficiarse económicamente del recurso, afectando sus ingresos y, en última instancia, el desarrollo económico de la región.
En términos de soberanía energética, la entrega de estas represas a manos privadas aumenta la dependencia del país de actores externos, quienes podrían ajustar la producción de energía en función de sus propios intereses comerciales y no en función de las necesidades del sistema energético nacional. Esto podría afectar tanto la disponibilidad de energía como los precios para los consumidores.
La privatización de las represas en Neuquén y Río Negro representa una encrucijada para el futuro de la gestión de los recursos naturales en Argentina. La falta de consulta a las provincias dueñas de los recursos, los riesgos ambientales asociados y la posible pérdida de soberanía energética son algunos de los temas que deberían abordarse con mayor profundidad antes de avanzar con el proceso.
Las represas, como infraestructura crítica para la generación de energía y la gestión del agua, requieren un enfoque que priorice el bien común por sobre los intereses privados, garantizando un equilibrio entre desarrollo económico, preservación ambiental y sostenibilidad energética a largo plazo.
