Hacer lo que se deba, pero sin perjudicar a los cada vez más golpeados usuarios

El debate sobre la actividad de las aplicaciones tecnológicas vinculadas al transporte de personas no es exclusividad de los comodorenses. Ni siquiera tampoco lo es solo de los argentinos, sino que es un tema que ocupa a gran parte del mundo. Por ejemplo, en toda Europa se viene dando una intensa discusión sobre esta misma cuestión.

Como sucede acá, en los demás lugares también hay opiniones y posturas encontradas. Cada uno expone sus argumentaciones, y podría decirse que ambas tienen una parte de la razón en sus razonamientos. La cuestión es cómo compatibilizar y encontrar un equilibrio para que ninguna de las partes -aplicaciones y trabajadores tradicionales- termine más perjudicada que la otra.

Sin embargo, la búsqueda de una medida sensata debe necesariamente priorizar el beneficio del usuario, quien debe tener la libertad de poder elegir qué servicio quiere o le conviene o está a su alcance. En ese sentido fue el mensaje que dio hace días atrás el secretario de Gobierno de la Municipalidad local, Sergio Bohe quien admitió que “hay mucha gente que no puede darse el lujo de tomarse un remis o un taxi regularmente, como quizás lo hacía hace unos años”, por eso, afirmó, “debemos trabajar seriamente sin perjudicar a los vecinos” (usuarios).

Lejos de desconocer los perjuicios que hoy sufren los remiseros y taxistas, desde el Municipio reconocen la baja de la actividad en el sector y de lo difícil que resulta para ellos en su economía del hogar, como a todo trabajador de cualquier actividad cuando merman sus ingresos.

Pero, se sabe que una solución a esta problemática -que como se dijo no es solo local sino mundial- no será demasiado fácil. Por lo menos, nunca habrán de quedar todos conformes. En esa misma tarea están ocupadas en estos tiempos las autoridades políticas -del ejecutivo y legislativas- de diversas ciudades argentinas. Una de ellas es Mar del Plata, la gran ciudad turística de la provincia de Buenos Aires, donde desde principio de este año se viene debatiendo la misma cuestión. Como sucede en Comodoro, en el Concejo Deliberante marplatense se expusieron distintas posturas respecto de la reglamentación del servicio que ofrecen las aplicaciones digitales. Allí ya rige desde 2019 una ordenanza que establece duras sanciones por la prestación de servicio de transporte de personas “sin habilitación municipal”. En enero de este año, desde el bloque de la Coalición Cívica presentaron un proyecto para modificar dicha norma tendiente a eliminar dichas sanciones porque consideran que dicho servicio no está reglamentado y por ende no es ilegal.

En el debate, desde ese mismo bloque se recordó que en 2018 la Corte Suprema de Justicia había desestimado una demanda del Sindicato de Peones de Taxis contra la empresa Uber, con un fallo que confirmó que las plataformas “desarrollan una actividad comercial lícita que no puede ser considerada un delito”.

Pero más allá de la cuestión jurídica, a lo que deben abocarse las autoridades políticas -ahora ya hablando de Comodoro- es en trabajar para incluir el servicio de las plataformas digitales en un marco normativo que permita su regularización con el Estado municipal y que “se termine con la persecución y el castigo a quienes trabajan”. Tanto los “ubers” tienen el derecho -y la necesidad- de trabajar como también, y sobre todo, los usuarios deben tener el derecho de elegir qué servicio contrata. Y sobre todo en estos momentos en que vive la Argentina, donde la gente ha tenido que ir recortando gastos de donde ya no tiene para sobrevivir en su economía familiar. No sería justo, entonces, que ahora a los usuarios les “obliguen” a utilizar un servicio más caro (y ni hablar de la calidad, porque ahí también hay tela para cortar) cuando puede hacerlo por uno más conveniente y al alcance de sus bolsillos.

Será menester, entonces, continuar trabajando para encontrar una solución para todas las partes pero sobre todo, como ya se dijo, pensando en los usuarios, que son quienes sí o sí deben usar el servicio de transporte para sus actividades cotidianas. Por lo menos, para que tengan la opción de poder elegir el servicio que más le conviene a sus alicaídos bolsillos. Un “termómetro popular” al que todos deberían estar atentos, especialmente quienes detentan cargos públicos.