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El misterioso articulador en el negocio de seguros y amigo de Alberto Fernández

Un decreto presidencial implementó la obligatoriedad de contratar seguros. Pablo Torres García, un hombre cercano al ex presidente y otras figuras de la política.
domingo 25 de febrero de 2024
El misterioso articulador en el negocio de seguros y amigo de Alberto Fernández

Un nuevo escándalo sacude los cimientos de la ANSeS, revelando una maraña de corrupción y nepotismo que involucra a ex altos funcionarios, entre ellos, a un enigmático personaje vinculado estrechamente a Alberto Fernández.

Osvaldo Giordano, en uno de sus últimos actos como funcionario de Javier Milei antes de ser echado, desentrañó un esquema en los seguros que beneficiaba a intermediarios con conexiones políticas.

En 2021, Fernández emitió una directiva obligando a todas las entidades estatales a contratar sus seguros a través de la aseguradora del Banco Nación. Este mandato derivó en un contrato de 20.000 millones de pesos con la ANSeS para asegurar créditos otorgados a jubilados y beneficiarios de programas sociales.

Lo que a primera vista parecía una medida de prudencia financiera, supuestamente escondía una trama de corrupción, favoreciendo la tercerización de los seguros a través de intermediarios que cobraban comisiones exorbitantes, muy por encima de las tasas de mercado. La información fue adelantada por el diario Clarín. 

Beneficiarios del negocio

Entre los beneficiarios de este esquema se encuentra Pablo Torres García

 inmobiliario, ha sabido capitalizar sus relaciones, convirtiéndose en un articulador clave en este oscuro negocio.

La investigación de Giordano no solo puso al descubierto el modus operandi de esta red de corrupción, sino que también desató las iras de aquellos que se veían beneficiados por el flujo constante de dinero público hacia sus arcas privadas. El despido de Giordano fue interpretado por muchos como un castigo político por el voto de su esposa diputada en el Congreso cuando se trató la ley ómnibus.

Decreto

Fernández emitió un decreto que establecía que todos los seguros estatales debían contratarse a través de Nación Seguros, una medida presentada oficialmente como una forma de proteger los bienes del Estado. Esta decisión, tomada sin proceso de licitación, generó controversia y especulaciones sobre sus verdaderas intenciones. 

Tres meses después de la implementación de este decreto, se observó su aplicación práctica cuando Lisandro Cleri, vinculado al político Sergio Massa y trabajando en la Anses, colaboró con Alberto Pagliano, un aliado de Fernández en Nación Seguros, para llevar a cabo la medida.

Alberto Pagliano, junto con Carlos Soria y Gustavo García Argibay, son señalados como figuras claves en Nación Seguros, donde se acusa que se favorece a ciertos productores de seguros y compañías, estableciendo relaciones preferenciales en la distribución de los negocios aseguradores relacionados con el Estado. 

Además, el decreto incluye una cláusula que permite la participación de empresas privadas en estos contratos estatales bajo la modalidad de "coaseguro", lo que ha generado más interrogantes sobre la transparencia y equidad del proceso.

Es relevante mencionar que la carrera de Alberto Fernández en el sector de seguros comenzó durante la administración de Carlos Menem, donde fue jefe del Instituto Nacional de Reaseguros. Durante ese periodo, fue objeto de denuncias tras una investigación dirigida por el fiscal Moreno Ocampo. La relación profesional entre Fernández y Pagliano data de esa época, y en 1993, colaboraron juntos en la fundación de Provincia Seguros.

¿Quién es Pablo Torres García?

. Entre sus propiedades más destacadas se encuentra la bodega Rossel Boher y la empresa Cerro Bayo, situada en La Angostura, un conocido destino de esquí frecuentado por figuras políticas. Además, ha realizado significativas inversiones inmobiliarias en Tigre, contando con el apoyo de Sergio Massa, quien ha disfrutado de la hospitalidad de Torres García en su lujosa mansión Azul en Pinamar.

Torres García comenzó su carrera en el ámbito asegurador en Provincia Seguros, beneficiándose de normativas que favorecían el negocio de las pólizas de seguro, una práctica que se ha extendido a lo largo de los gobiernos de Nación y Provincia, proporcionando beneficios económicos a los políticos involucrados. Este modelo de negocio ha encontrado paralelismos en otros ámbitos, como el de los chocolates Rigau en la Legislatura, aunque a una escala mucho mayor.

A pesar de afirmar que su empresa no mantiene compromisos personales o institucionales con ninguna figura política, la realidad sugiere lo contrario. Figuras como Nicky Caputo, cercano a Mauricio Macri y con influencia en la gestión de fondos políticos en la Ciudad de Buenos Aires, han sido claves en su red de contactos. Sin embargo, la relación de Torres García con Macri dista de ser estrecha, evidenciado por incidentes que reflejan tensiones entre ambos.

Además de su vínculo con Caputo, otro socio importante de Torres García ha sido Bruno Screnci, quien ha ocupado cargos relevantes en el gabinete porteño y otras instituciones de manejo económico significativo como el Banco Provincia y la Corporación Puerto Madero. Este tipo de carreras políticas a menudo generan especulaciones sobre el enriquecimiento personal a través del servicio público.

El negocio de Torres García con las ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) experimentó un revés significativo en la Universidad de Buenos Aires, influenciado por desacuerdos con el ministro radical José Luis Giusti. Este incidente resalta las complejidades y conflictos dentro de los círculos de poder y negocios en los que se mueve Torres García.

El empresario también ha estado involucrado en controversias y escándalos, como el caso de corrupción en Chubut con Patagonia Broker, una empresa con participación estatal de la que fue apartado. Este episodio subraya los desafíos y las prácticas cuestionables en el entrelazado mundo de los negocios y la política en Argentina.

En resumen, Pablo Torres García representa una figura emblemática dentro de un sistema donde el poder político y el empresarial se entrelazan estrechamente, generando debates sobre la ética y la transparencia en la gestión de fondos y negocios vinculados al Estado. (NA)

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