Desde el IGJ exigen que se cumpla con los requisitos formales de la presentación para poder avanzar

Desde el IGJ indicaron que para poder avanzar con la situación de la Asociación Vecinal de Ciudadela, los vecinos que hicieron el reclamo deben cumplir con los requisitos formales del Decreto 63/83, contar con patrocinio de un letrado en la denuncia y enviar una carta documento a la actual comisión.

Tras el reclamo de vecinos autoconvocados del barrio Ciudadela, quienes solicitan la regularización de la Asociación Vecinal del sector y el llamado a elecciones, el director de la Delegación Comodoro Rivadavia de la Inspección General de Justicia (IGJ), Franco Mellado, explicó cómo se encuentra el procedimiento en el que ha avanzado y qué presentaciones restan concretarse.

En este sentido, relató que “a comienzos de este año, el 27 de febrero presentaron una nota de denuncia, un grupo de vecinos, informando sobre la situación irregular de la entidad que no convoca a asamblea desde el año 2019, por lo tanto no están aprobados los balances ni tampoco se han renovado las autoridades desde esa fecha a ahora” y continuó: “Al analizar esa primera presentación, se evidencia que carece de cumplimentar recaudos formales, por lo cual emito un dictamen de fecha 13 de marzo de 2023, en la cual se observa que se omite acreditar patrocinio de un letrado en la denuncia formulada, que acompañe además de la firma de los vecinos denunciantes, que esté redactado o asesorado por un abogado letrado de la ciudad. Todos estos requisitos formales surgen del Decreto 63/83 de la provincia del Chubut”.

Además de ello, Mellado indicó que en dicho dictamen también observó que se debía intimar a la comisión de manera fehaciente, mediante el envío de una carta documento, pero planteó que “ninguno de los dos extremos ha sido cumplimentado en la denuncia formulada el 27 de febrero de este año, entonces se remite a Rawson. En mi cargo soy un receptor de trámites, la decisión de fondo las toma Rawson y por dictamen el 16 de febrero de 2023, firmado por la doctora Yancamil, ratifica mi dictamen, remitiéndolo nuevamente para acá”.

Ante ello, el funcionario mencionó que el 3 de octubre nuevamente los mismos vecinos presentan otra denuncia con los antecedentes ya informados en febrero y recuerdan los hechos y la situación irregular de la vecinal, que no convocan a asamblea, acompañando por fotografías, un comunicado de una circular, pero aseguró: “Nuevamente lo que no me presentan son los recaudos formales que había observado en primer término, lo que pide el Decreto 63/83, por lo tanto se emite un nuevo dictamen en el cual informo que aún se encuentra pendiente de subsanación el dictamen de fecha 13 de marzo, que fue ratificado el 16 de marzo, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Inspección General de Justicia (IGJ) de la ciudad de Rawson, siendo la observación a subsanar las mismas exigencias formales antes mencionadas”, es decir el patrocinio del letrado y la carta documento para que realice la convocatoria, contando este dictamen con fecha 6 de octubre y se irá a Rawson en el próximo bolsín.

“Todavía no se ha discutido la cuestión de fondo de la denuncia formulada, estamos en una cuestión de forma que me establece a mí el decreto, porque tengo que controlar la legalidad de la presentación, simplemente. Si se hubiera presentado bien en febrero, todo eso se elevaba a Rawson y hubieran mandado a intimarlos por 10 días a la comisión actual para que convoque a asamblea, vencido el plazo, como última instancia, podría haber convocado IGJ” precisó Mellado y continuó: “Esto ya fue observado, ya estaban al tanto los vecinos y cometieron el mismo error, es algo totalmente subsanable pero pasó un montón de tiempo desde marzo que dictaminé a octubre y se presentó de la misma manera”.

Finalmente, recordó que “en nuestro organismo, rige el principio dispositivo, lo impulsa la parte, tomamos conocimiento a través de las denuncias de los socios civiles, no ejercemos un control uno por uno de las asociaciones civiles, nos activan las mismas denuncias, pero deben cumplir con los requisitos del Decreto 63/83 de la provincia”.