De 1.000 denuncias solo el 0,5 % se resolvió en juicio oral y público

Trelew (Agencia) Un informe estadístico publicado por el Poder Judicial de Chubut en su página web pone en evidencia, claramente, que los fiscales de Jorge Miquelarena no trabajan tanto. Que de 1.000 denuncias que recibieron durante 2022 solo el 0,5 por ciento terminó elucidándose en juicio oral y público, y que de “2.529 casos” que deberían haber investigado únicamente 127 llegaron a juicio.

En resumen, en el año 2022 ingresaron 28.524 denuncias al Ministerio Público Fiscal, de las cuales, sin ninguna restricción indebida atribuible al Código Procesal Penal, los fiscales decidieron iniciar solamente 2.557 causas penales.

En la instancia judicial se resolvieron 2.529 casos, y únicamente 127 de ellos en juicio oral y público. El resto en la etapa preparatoria y en juicios abreviados, que son una conclusión de “un negocio” entre el acusado (que admite su responsabilidad) y la Fiscalía que por lo general termina pidiendo para él la pena mínima en acuerdo con su defensa.

Ante este esclarecedor panorama, del cuestionable trabajo que viene realizando la Procuración al mando de Jorge Miquelarena, claramente evidenciado por las estadísticas publicadas por el Poder Judicial, vale decir que menos de 5 de cada 1.000 denuncias (0,5%) termina resolviéndose en un juicio oral y público.

Números que desmienten. El Poder Judicial de la provincia publicó datos estadísticos de las actividades de los fiscales durante el año anterior. De más de 28 mil denuncias, los fiscales decidieron iniciar solo 2.557 causas penales. Y sólo el 0.5% de cada mil, termina resolviéndose en un juicio oral y público.

Con estos datos, que muestran las estadísticas, ¿podría pensarse razonablemente que modificar el Código Procesal Penal para –en teoría- agilizar estos juicios, serviría para solucionar, o paliar el problema de la inseguridad en Chubut, por la gran cantidad de delitos que se denuncian? Ciertamente no, según lo sostiene un abogado del Valle acostumbrado a litigar en procesos penales con detenidos. Sin embargo, el Procurador General (Jorge Miquelarena) pregona que es “necesario” y “urgente” reformar el Código para dar una respuesta adecuada a la ciudadanía que reclama más seguridad.

“Llamativamente, algunos comerciantes y políticos se han hecho eco de esta proclama, que a la luz de los datos estadísticos luce completamente ingenua”, sostiene el letrado. “Ninguna sociedad en el mundo consiguió reducir la delincuencia reformando las leyes procesales”.

Hoy, en la Legislatura de Chubut se estaría tratando la “reforma” que viene propiciando Miquelarena y que no sería --ni más ni menos-- que “tirar” la responsabilidad que le compete a él y sus fiscales hacia un costado. En la provincia e incluso el país ya ha pasado esto: cada vez que algún funcionario no quiere hacer cargo de su responsabilidad en “el problema”, le echa la culpa a las leyes.

Cuando el otrora ministro del Superior Tribunal de Justicia Jorge Pfleger presentó el nuevo Código de Procedimientos dijo que los fiscales cumpliendo la nueva reglamentación iban a estar en el lugar del hecho trabajando “codo a codo” con la policía y que hasta iban a tener “una oficina en las comisarías”, desde donde dirigirían la investigación cada vez que ocurriera un caso grave. Nada de eso se cumplió, e incluso se continuó con lo que más se criticó en su momento del juez instructor (del anterior Código); de que soltaba a los detenidos por teléfono.