Dictan prohibición de acercamiento y contacto hacia la concejal Ana Clara Romero

En virtud de una denuncia realizada por Ana Clara Romero al mail del Ministerio Público Fiscal local, recepcionada en guardia por las funcionarias Gabriela Gómez y Patricia Rivas, bajo la supervisión de la fiscal general Camila Banfi, se solicitó y le fue otorgada por el juez penal de turno, una orden de prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio de Diego Gastón Ergas hacia la denunciante por 90 días.

Dicha orden de prohibición en favor de la denunciante y su familia, incluye todo tipo de comunicaciones telefónicas y/o electrónicas, por sí o por interpósita persona, tanto de su domicilio particular como de los lugares que estos frecuenten en un radio no menor a 200 metros, y prohibición de referirse a su persona en términos ofensivos de ninguna índole por cualquier medio que fuera.

Los hechos ocurridos descriptos por Fiscalía

Desde Fiscalía se indicó que la orden de prohibición se fundó en la denuncia realizada por la concejal, quien refirió que el 30 de noviembre de 2020 por la mañana se desarrolló una reunión en el SUM del Concejo Deliberante en el marco de la Comisión de Salud, donde se trataba el proyecto de Ordenanza de reglamentación en el ámbito municipal del uso del cannabis medicinal. Se escucharon alocuciones de distintas personas, entre particulares, concejales y profesionales. Cuando se le da la palabra al denunciado, Gastón Ergas, comienza a referirse al proyecto, diciendo que atrás del mismo hay intereses, que ella (Romero) representa los intereses corporativos, que su discurso a favor del género, el cannabis y el medio ambiente era todo oportunismo político. También que ella era lo peor, que ya le iba a sacar la careta, que representa todo lo peor, que su proyecto no podía ser porque ella no representaba a las fuerzas populares. Asimismo que era él quien iba a presentar un proyecto para esto porque ella no tenía que hacerlo, porque ella usaba los temas. Asegurando que se llenaba los bolsillos, que operaba en favor de los monopolios económicos y no por los pibes que cultivaban. Mientras le gritaba y agredía repitiendo cosas de la misma índole, insultando a su familia, diciéndole Ferreira, en clara alusión al apellido de su marido “que nunca utilizo ni en mis actividades productivas, ni públicas, ni siquiera en mi ámbito doméstico”, señaló la denunciante- diciendo que eran todos parte de una supuesta confabulación con grupos corporativos.

Más adelante el informe fiscal indica que en un momento mientras le gritaba a la edil, Ergas se levantó y dio un paso hacia ella, como dispuesto a acercarse y en posición amenazante, lo cual infundió gran temor sobre su persona.

También dijo que Ergas manifestó que odiaba a los tres concejales del bloque Juntos por el Cambio (Tomás Buffa, Graciela Saffirio y ella). En todo momento seguía diciéndole cosas, que se llenaba los bolsillos, que no estaba limpia, que se fuera a limpiar.

Sobre el final le dijo que “no estás limpia”. “Vas a ver que te voy a sacar la careta”; “anda a limpiar Romero, anda a limpiar Romero”; “no existís Romero, no existís, no sé quién sos”; “Ferreira, eso sos” todo de manera despectiva, con un tono amenazante e injuriante, señaló la denunciante ante la Fiscalía.

Para la fiscal resulta claro del relato de los hechos que Ergas no solo ha efectuado amenazas en contra de la denunciante, las cuales han infundido un gran temor en la denunciante; sino que esas amenazas han sido efectuadas en un marco altamente despectivo y despreciable hacia el género femenino, en donde produce una cierta discriminación manifestándole “anda a limpiar”.

La fiscalía funda el requerimiento de prohibición en la “Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”. Se entiende por violencia contra las mujeres “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

También se funda en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, considerando a este instrumento como complementario a los derechos y garantías reconocidos en nuestra Constitución Nacional, que establece la obligación para los Estados parte de arbitrar medidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Asimismo en la Convención de Belem Do Pará, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. (Fuente: MPF Of. Com. Riv.).