Eliminación de retenciones petroleras: Torres pidió una ley provincial para garantizar inversiones

Tras más de dos décadas de vigencia, se concretó la quita de los derechos de exportación al petróleo. El anuncio fue destacado por el gobernador como un logro colectivo de los sectores productivos, trabajadores y fuerzas vivas de la provincia de Chubut. 

El origen de este gravamen se remonta al año 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde. En aquel entonces, una masiva movilización en Ramón Santos marcó el inicio de una demanda histórica contra una medida considerada confiscatoria para los recursos locales.

A pesar de la vigencia del decreto nacional que elimina los derechos de exportación, el Ejecutivo provincial advirtió que la medida no asegura por sí misma que los fondos se reinviertan en la región. Por este motivo, se solicitó a la Legislatura el tratamiento de una ley específica.

El objetivo de la normativa es brindar herramientas técnicas que aseguren que el ahorro fiscal se traduzca en el sostenimiento de los puestos de trabajo. La iniciativa busca consolidar la reconversión productiva y dar respuestas concretas a la cuenca del Golfo San Jorge.

La agenda de competitividad incluye la eliminación de aranceles para los polímeros, un componente esencial para las cuencas maduras. Estos insumos clave podrán importarse directamente a través del puerto de Comodoro Rivadavia.

La operatividad de la terminal portuaria fue recuperada recientemente tras la finalización del dragado, una obra que se encontraba postergada desde hace 18 años. Esta mejora logística permitirá optimizar los costos de importación de materiales para la industria hidrocarburífera.

La principal concesión de la provincia avanza hacia un plan de inversión que supera los 250 millones de dólares. Los fondos estarán destinados a tareas de perforación y recuperación terciaria, con el fin de otorgar escalabilidad al desarrollo no convencional.

En este contexto, la mesa de competitividad petrolera, integrada por sindicatos, operadoras y municipios, aprobó una reducción del 6 % en las regalías. Este beneficio está estrictamente atado a un compromiso de inversión de 205 millones de dólares para mitigar el declino natural de los yacimientos.