El Gobierno remite al Congreso el DNU que otorga mayores facultades a la SIDE y despierta críticas opositoras
Manuel Adorni, jefe de Gabinete, envió recientemente al Poder Legislativo el decreto rubricado por el presidente Javier Milei. Esta normativa reestructura el sistema de inteligencia del país y extiende las capacidades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), una determinación que ha provocado una intensa controversia en el ámbito político.
La remisión del DNU 941/25 se produjo faltando menos de un día para que caduque el término legal establecido por la ley 26.122, la cual rige el proceso parlamentario de los decretos del Ejecutivo. Según ratificaron voceros gubernamentales, el documento ya entró al Senado, habiendo hecho lo propio en la Cámara de Diputados la jornada previa.
Desde este momento, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo dispone de diez días hábiles para elaborar un dictamen. Tras cumplirse ese periodo, cualquiera de las cámaras está facultada para tratar el decreto en el recinto y someterlo a votación, aun si no existe un despacho de comisión.
Es importante destacar que el DNU únicamente dejará de tener efecto si es rechazado por ambas cámaras. En caso de que solo una lo impugne o que el Congreso no lo someta a debate, la norma mantendrá su vigencia.
Los ejes de la polémica reforma
El instrumento legal, cuya firma data del 31 de diciembre, altera la ley nacional de inteligencia con la meta de brindar una mayor capacidad operativa a la SIDE. No obstante, disminuye su composición administrativa y deriva el sector de Ciberseguridad hacia la Jefatura de Gabinete.
Dentro de las modificaciones más delicadas se encuentra la autorización para que el personal de la SIDE pueda detener a individuos hallados en situación de flagrancia. Asimismo, establece que todas las labores del organismo sean declaradas como "encubiertas". En la confección de esta regulación intervino Santiago Caputo, asesor presidencial con marcada ascendencia política sobre el sector de inteligencia.
Resistencia de la oposición y maniobras en el Congreso
Referentes de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y diversas bancadas provinciales expresaron fuertes críticas hacia la disposición, alertando sobre posibles peligros de espionaje político. El sector kirchnerista ya ha impulsado una iniciativa para anular el decreto y exige que la Bicameral se constituya de forma inmediata, una acción que el Gobierno intenta postergar, al menos, hasta el mes de febrero.
Los sectores opositores deberán aguardar primero a que termine el plazo de la comisión para luego intentar agrupar el quórum y la mayoría simple requeridos para vetar el DNU en el recinto. Con un Parlamento dividido, la postura que adopten el radicalismo, los peronistas de las provincias y los bloques intermedios resultará fundamental.
En las filas de La Libertad Avanza mantienen la expectativa de recibir el apoyo del PRO. El espacio liderado por Cristian Ritondo manifestó su aval a ciertos puntos de la reforma, si bien solicitó precisiones sobre los alcances de las operaciones y sus protocolos antes de ratificar una postura final.
A pesar de los obstáculos, quienes se oponen a la gestión nacional subrayan un precedente de relevancia: la desaprobación parlamentaria al decreto inicial de Milei que autorizaba una transferencia de $100.000 millones a la central de inteligencia.
En paralelo, el Poder Ejecutivo enfoca su labor política en garantizar los respaldos necesarios en la Cámara Alta para progresar con la reforma laboral, otro de los temas centrales en la planificación oficial.
Con información de BAE Negocios.
