La Justicia frenó las cesantías en el INTA y ordenó al Gobierno acatar cautelar de ATE
El escenario político y gremial suma un nuevo capítulo: la Justicia ordenó suspender la cesantía de 300 empleados del INTA, tras un recurso cautelar presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La medida llega pese a que el Senado había dejado sin efecto el DNU 462/25 que habilitaba los pases a disponibilidad.
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín ratificó la cautelar, dejando al Gobierno sin posibilidad de ejecutar la resolución que afectaba a centenares de trabajadores. En caso de incumplimiento, la multa diaria podría alcanzar los $10.000.000.
El conflicto evidencia un choque directo entre poderes del Estado: primero la Justicia suspendió la aplicación del DNU, luego el Senado lo rechazó formalmente, y finalmente el Ejecutivo intentó avanzar mediante la Resolución 1240 del Ministerio de Economía, que producía el mismo efecto sobre la dotación de personal.
ATE denunció “un intento deliberado de desconocer las decisiones judiciales y legislativas por parte del Gobierno libertario”. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, agregó que “lo reiterativo no disminuye su gravedad; este Gobierno insiste en desafiar a los otros poderes con una política de ajuste sin sustento legal”.
El gremio celebró la decisión judicial y exigió el cumplimiento inmediato, subrayando que la lucha no solo defiende los puestos de trabajo, sino también funciona como un límite institucional frente a la política de ajuste y reducción de organismos públicos impulsada por la Casa Rosada desde 2023.
Con la combinación de rechazo legislativo, cautelares judiciales y resistencia gremial, la gestión enfrenta un frente de oposición en tres planos: el legislativo, el judicial y el sindical, donde cada fallo preserva derechos laborales y frena medidas de ajuste sin respaldo legal.
Con información de BAE Negocios
