Qué necesita el gobierno para sostener sus vetos a las leyes del Congreso

Javier Milei rechazó proyectos clave del Congreso, pero no necesita mayoría para mantener su decisión. Con un tercio de los votos en una sola cámara, los vetos quedan firmes.
martes 05 de agosto de 2025
En octubre de 2024 la oposición fracasó en el intento para ratificar la ley de financiamiento universitario
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El presidente vetó tres leyes sancionadas recientemente por el Congreso: el aumento de las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. Las iniciativas habían sido aprobadas con apoyo mayoritario, pero el Ejecutivo las rechazó por considerar que implican un gasto fiscal excesivo y presentan deficiencias legales.

A partir del veto, el debate vuelve al Congreso, donde se abre un nuevo capítulo legislativo. Sin embargo, el oficialismo no necesita una mayoría para sostener la decisión presidencial: con solo un tercio de los votos en una de las dos cámaras, los vetos quedan firmes y las leyes no se promulgan.

Cómo funciona el veto presidencial

La Constitución Nacional establece que el Presidente puede vetar total o parcialmente cualquier ley sancionada por el Congreso. Al hacerlo, la norma queda suspendida y vuelve al Parlamento.

El Congreso tiene la posibilidad de “insistir” con la aprobación original, pero para ello debe reunir una mayoría calificada: dos tercios de los votos en ambas cámaras. Es decir, una “supermayoría” que la oposición no siempre puede alcanzar.

En cambio, al oficialismo le basta con bloquear la insistencia en una sola cámara, reuniendo apenas un tercio de los votos. En Diputados, eso equivale a 86 votos si hay quórum completo; en el Senado, a 25.

Con el respaldo de sus propios legisladores y aliados –principalmente el PRO–, el oficialismo se muestra confiado en mantener los vetos. Además, el tratamiento de estas insistencias no permite debates en comisión ni modificaciones: se vota por sí o por no.

Qué dice el Gobierno sobre los vetos

El Decreto 534/2025, que oficializó los vetos, señala que las tres leyes vetadas implicarían un gasto fiscal insostenible: más de $7 billones en 2025 y hasta $17 billones en 2026, lo que representa un 1,68% del PBI.

El Ejecutivo también cuestionó el procedimiento legislativo en el Senado, asegurando que no hubo citación formal ni el aval necesario para tratar los proyectos. En ese marco, calificó el trámite como una “violación” de las reglas parlamentarias.

Qué puede pasar en el Congreso

El punto clave es si los vetos se tratarán de forma conjunta o por separado. El oficialismo busca un tratamiento en bloque, mientras que sectores de la oposición temen que una ley con menos consenso –como la moratoria previsional– termine arrastrando al rechazo de las otras, como el aumento a jubilados o la emergencia en discapacidad.

Más allá de esa definición, el antecedente inmediato juega a favor del Gobierno: en ocasiones anteriores, como los vetos a la movilidad jubilatoria y al presupuesto universitario, la oposición no logró los dos tercios necesarios para revertirlos.

Con información de Infobae