Avanza el Plan Nacional de Transporte Eléctrico: licitarán tres obras estratégicas con inversión privada

Con esta medida, el Gobierno apunta a modernizar el sistema eléctrico con mayor eficiencia, sin gasto público y con más participación del sector privado, en línea con su política de transformación estructural del sector energético.
martes 22 de julio de 2025

El Gobierno nacional puso en marcha una nueva etapa del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, con el llamado a licitación de tres obras clave que apuntan a modernizar la red eléctrica del país. La iniciativa, oficializada a través de la Resolución 311/2025 de la Secretaría de Energía, contempla un esquema de concesión total al sector privado, sin comprometer fondos públicos.

Los primeros proyectos en salir a licitación serán:

  • AMBA I, destinada a mejorar el abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra el 40 % de la demanda eléctrica nacional.
  • Línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins, que facilitará la evacuación de energía renovable y convencional desde la región Cuyo y parte del Comahue.
  • Línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca, clave para reforzar la conexión energética entre la Patagonia y el sistema troncal nacional.

Estas obras forman parte de un conjunto de 16 proyectos prioritarios definidos por la Resolución 715/2025, en el marco del Plan de Contingencia para Meses Críticos 2024–2026, que identificó los puntos más críticos del sistema ante el crecimiento sostenido de la demanda energética.

La planificación técnica fue realizada por la Secretaría de Energía en conjunto con CAMMESA, ATEERA y el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, entre otros organismos especializados.

El estado actual del sistema eléctrico evidencia limitaciones estructurales, como cuellos de botella e interrupciones frecuentes, que además generan altos costos por generación forzada. La obra AMBA I, por ejemplo, busca revertir esa situación en una de las zonas más sensibles del país.

El nuevo esquema de concesión contempla que las empresas privadas asuman la totalidad de la inversión, construcción, operación y mantenimiento, en un proceso abierto a firmas nacionales e internacionales con capacidad técnica y financiera.