El Senado busca frenar las designaciones de Milei en la Corte Suprema

El nombramiento por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema generó un fuerte rechazo en el Senado, donde la oposición se organiza para bloquear sus pliegos y desautorizar la decisión del presidente Javier Milei.
jueves 27 de febrero de 2025
El Senado busca frenar las designaciones de Milei en la Corte Suprema
El Senado busca frenar las designaciones de Milei en la Corte Suprema

En concreto, si consiguen reunir al menos 25 votos negativos, podrían impedir la aprobación y condicionar el funcionamiento del máximo tribunal durante el resto de 2025.

A diferencia de los decretos de necesidad y urgencia, las designaciones en comisión no requieren tratamiento legislativo inmediato. Sin embargo, el Senado puede debatir y rechazar los pliegos presentados en mayo de 2024, invalidando así las designaciones de Milei. Para evitar ese escenario, el Gobierno podría retirarlos antes de la votación. Aun así, desde la Casa Rosada aseguraron que seguirán adelante con el proceso para que la Cámara Alta los trate y defina su posición.

El interbloque de 34 senadores de Unión por la Patria ya había adelantado en noviembre que rechazaría cualquier pliego de jueces designados por decreto. Ayer, reafirmaron esa postura con un comunicado en el que cuestionaron la constitucionalidad de la medida. El senador radical Pablo Blanco también expresó su desacuerdo, a pesar de que inicialmente estaba dispuesto a respaldar a García Mansilla.

Desde la UCR, el sector que lidera Eduardo Vischi también criticó la decisión presidencial, calificándola de “grave, imprudente e innecesaria”. No obstante, no han confirmado si respaldarán el rechazo de los pliegos. En tanto, el PRO ya había adelantado su oposición a Lijo, pero no ha definido si votará en contra de su designación.

Para aprobar un pliego en el Senado se necesitan dos tercios de los votos, pero para bloquearlo basta con que 25 senadores se opongan. Unión por la Patria está cerca de alcanzar los 37 votos necesarios para abrir el debate y, si se suman algunos radicales y miembros del interbloque Provincias Unidas, podrían lograr el rechazo. La cordobesa Alejandra Vigo calificó el decreto como un “atropello” y el exlibertario Francisco Paoltroni también se manifestó en contra de la designación de Lijo.

La sesión clave podría tener lugar en el inicio de las ordinarias la próxima semana. Aunque en los últimos días se multiplicaron las críticas a la decisión de Milei, durante el período extraordinario de febrero ninguna fuerza quiso dar quórum para debatir los pliegos. En la Casa Rosada creen que muchos senadores esconden su postura y que, si la sesión se lleva adelante, varios se verán forzados a apoyar las designaciones.

El Gobierno defiende su decisión alegando que intentó avanzar por la vía institucional pero el Senado se negó a debatir. En su comunicado, la Presidencia advirtió que la falta de definición genera “un grave daño al funcionamiento de un poder de la República”. Milei también señala que la Corte Suprema no puede operar con normalidad con solo tres jueces y que la medida busca garantizar su funcionamiento hasta que el Senado tome una decisión.

La propia Corte Suprema advirtió meses atrás sobre los problemas que genera la falta de ministros. En diciembre, emitió una acordada para acelerar el uso de conjueces en los casos donde no se pueda formar mayoría. Sin embargo, el juez Ricardo Lorenzetti cuestionó la medida y alertó que podía generar inseguridad jurídica.

En la oposición consideran que la falta de avance en el Senado se debe a la negativa del Gobierno a negociar. Unión por la Patria había propuesto discutir una ampliación de la Corte, la designación del Procurador General y otras vacantes en la Justicia Federal, pero Milei se rehusó a dialogar sin asegurarse previamente la aprobación de sus candidatos.

Un interrogante clave es si el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, tomará juramento a Lijo y García Mansilla. Lijo solicitó licencia en su juzgado en Comodoro Py, pero esta debe ser aprobada por la propia Corte. Si los jueces asumen y luego el Senado rechaza sus pliegos, podría generarse una crisis de legitimidad en el máximo tribunal. “La Corte va a ser acusada de ilegal”, advierten en el Congreso. La pregunta final es si el tribunal deberá decidir sobre su propia validez.

Con información de BAE Negocios