Cuida un camping en El Trébol desde hace un año y medio y dice que supuestos dueños la quieren desalojar y la amenazan de muerte
Girado se presentó en esta redacción para hacer pública una denuncia por amenazas que -afirma- no le quisieron recibir ni en la Comisaría Distrito Rada Tilly y tampoco en la Comisaría de la Mujer de zona sur.
“Personas que dicen ser los dueños pero que no presentan ningún tipo de documentación se han presentado en los últimos tiempos buscando desalojarme y amenazándome de muerte, por eso tengo mucho miedo que cumplan sus promesas” manifestó ante un cronista de este medio.
Respecto a la pregunta de quién o quiénes son los propietarios del extenso camping, señaló que “décadas atrás era propiedad de la empresa YPF, pero después dicen habérselos adjudicado a dos hombres de apellidos Ledesma y Perujo, pero quienes han venido fueron varios hombres que cayeron en camionetas y con una máquina e incluso me han cerrado la tranquera con candado” afirma.
“Yo no tengo dónde ir, pero además tienen que pagarme el año y medio que llevo al cuidado del lugar, estoy en una situación incómoda y me llama mucho la atención que no hayan querido recibirme la denuncia, hay algo que no huele bien en todo esto y necesito hacerlo público para que las autoridades averigüen” se lamentó.
Asimismo, agrega que buscó asesoramiento para tener idea de lo que debieran abonarle por su trabajo de cuidadora y a razón de $ 200.000 mensuales le estarían debiendo unos $ 3.200.000. “No tengo dónde ir, si me pagaran al menos tendría para pagarme un alojamiento por un tiempo hasta que consiga otro trabajo”.
Finalmente, señala que vivir en el lugar es bastante duro en invierno. “Pero que me las arreglaba vendiendo tortas fritas y otros alimentos por la ruta o en algunos campamentos petroleros cercanos, ya que el camping se encuentra frente a la base de YPF, y tengo toda esa gente que puede salirme de testigo” culminó diciendo.
Lo concreto es que si hubo amenazas de por medio, desde las dependencias policiales debieron recibir tales denuncias y, si se hacen públicas -y por más feria judicial existente en el mes de enero- un fiscal penal debiera actuar de oficio.
