viernes 7 de octubre de 2022
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Alberto Fernández anuló "contratos distorsivos" firmados por Macri en dos autopistas e irá a la Justicia

Se trata de acuerdos firmados en 2018 por la gestión de Cambiemos con las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO).
miércoles 14 de septiembre de 2022
Alberto Fernández anuló "contratos distorsivos" firmados por Macri en dos autopistas e irá a la Justicia
El presidente Alberto Fernández canceló contratos firmados por Mauricio Macri.
El presidente Alberto Fernández canceló contratos firmados por Mauricio Macri.

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que firmó un decreto a través del cual le encomendó al Ministerio de Obras Púbicas "iniciar una acción que busca la nulidad" de los "contratos distorsivos" de concesión de las autopistas del acceso Norte y Oeste que se firmaron durante la gestión del exmandatario Mauricio Macri.

"Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios", precisó Fernández durante un anuncio realizado en la sala de conferencias de la Casa Rosada junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

En ese marco, el jefe de Estado detalló: "Verificamos que los contratos fueron desventajosos para los usuarios de las autopistas y causaron una lesión enorme al Estado".

Fernández aclaró que el Ejecutivo nacional solicitará a la Justicia que "anule los contratos" que hoy rigen en las autopistas del acceso Norte y Oeste, al afirmar que no van a "permitir abusos" por parte de las empresas.

Según indicó Presidencia, la Dirección Nacional de Vialidad interpondrá "una demanda ante la Justicia para declarar nulos los
decretos 607 y 608 del año 2018, que ratificaron acuerdos de renegociación con Autopistas del Sol S.A y Grupo Concesionario del Oeste S.A contrarios y lesivos al interés del Estado y de las y los usuarios".

En el año 2018 las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el gobierno anterior acuerdos que comprometían al Estado, cuyo impacto económico total para los usuarios y usuarias es de casi U$D 2.000.000.000, supo NA de fuentes oficiales.

Para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados en el año 2018 y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por AUSOL y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste.

Así, en las estaciones “Debenedetti” y “Márquez”, del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual $80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de $1.830.

Es decir, en las estaciones “Debenedetti” y “Márquez” los usuarios hubiesen pagado 22,87 veces más de lo que se paga actualmente (2.200% más); y en las estaciones “Campana” y “Pilar” esa diferencia, en el mismo segmento, es de 20 veces (2.000% más).

En el caso del Acceso Oeste, en todas las estaciones un automóvil paga, en hora pico y de modo manual, una tarifa de $100, un monto también fijado en febrero de 2022. Conforme a lo establecido por la concesionaria, esa tarifa debería ser de $1.072, lo que significa 10,72 veces más de lo que se paga actualmente (1.000% más).

En cuanto a la tarifa que hoy pagan los automóviles, en horarios que no son pico y de modo manual, es de $80 pesos, que significa una diferencia con lo planteado por GCO ($915) es de 11,43 veces más.

Al respecto, el Presidente destacó que "el mejor Estado es el que no es tonto, el que cuida el patrimonio de todos, el que no da ventajas y permite que alguien gane mucho en desmedro de, en este caso, los usuarios de estas autopistas".

"Lo que vamos a reclamar es que estas cosas dejen de suceder de una vez y para siempre en el Estado argentino", resaltó el mandatario y consideró que debe ser "un punto de inflexión" para "no permitir más que haya personas de los dos lados del mostrador".

En ese sentido, puntualizó: "Estamos acá como servidores públicos para defender por los intereses del Estado y de la gente. Por ese motivo estamos pidiéndole a la Justicia que anule estos contratos y que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías para impedir que se termine perfeccionando lo que claramente son contratos leoninos en perjuicio del Estado".

"Lo quiero felicitar a Gabriel (Katopodis) por el trabajo que hizo. Fueron dos años cuidosos de auditorias tendientes a verificar todo lo que estamos afirmando hoy. Seguramente la demanda que presentemos la vamos a acercar como prueba a la causa penal (por los peajes), donde parecen no encontrar las pruebas que nosotros encontramos con bastante facilidad", enfatizó.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas detalló que la cartera que conduce se presentará ante la Justicia para que se declare la "lesividad y nulidad" de los contratos de concesión a Ausol SA y GCO, al considerar que esa negociación fue realizada "a medida de las empresas".

"Hubo un negociado de los peajes que es escandaloso y por el que el Presidente me ha indicado iniciar las acciones legales en los tribunales contenciosos administrativos federales", explicó el funcionario nacional.

Al respecto, el ministro argumentó: "En el transcurso de 2018, el Gobierno del expresidente Mauricio Macri dictó dos decretos, los 608 y 607, de renegociación de los contratos de concesión y adjudicación de esos corredores viales, con un conjunto de acciones que, después de un minucioso análisis, establecimos como 'de vicio' y que determinan la nulidad absoluta".

"Hemos identificado claramente que a lo largo de todo este proceso que lo que existieron fueron funcionarios que ejercían cargos gerenciales en las empresas concesionarias, que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes en Vialidad Nacional y que después volvieron a esas empresas", disparó.

Katopodis también cuestionó la extensión de la concesión, al indicar que los contratos terminaban en 2020 pero que, en 2018, se decidió "de manera arbitraria" prorrogar su vigencia hasta 2030.

"La renegociación fue presentada como urgente por una supuesta denuncia internacional de las concesionarias en el CIADI. Dijeron que era el remedio para evitar un perjuicio mayor. Fue un argumento de forma para avanzar en un proceso oscuro, arbitrario y que generaba y sigue generando un perjuicio patrimonial para todos los argentinos", concluyó. (NA)

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