Presentan acusación pública por otra asociación ilícita “vende casas” del IPV
El lunes el Ministerio Público Fiscal presentó formal acusación en la denominada causa IPV II donde se investiga una asociación ilícita que tiene como coimputados a Maximiliano González, Griselda Fanny Jonás, Gloria Edith Vargas, Claudia Soledad Britez, Ariel Alberto Villagrán, Marcela Griselda Soria, Luis Alejandro Linco, Exequiel Manuel Villagra, María Elizabeth Monsalve, Patricia Soledad Pereira, Vanesa Ayala y Viviana Millaquen y como víctimas a 227 damnificados.
Ante ello, la Oficina Judicial local notificó a las partes y fijó audiencia preliminar del caso para el próximo 9 y 10 de junio del presente año, cuando se ventilará la investigación del caso surgido en 2019, señalando que un grupo de personas, comandados por un funcionario de la Delegación Zona Sur del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano con sede en Comodoro Rivadavia, obrando de común acuerdo, decidieron asociarse con la única intención de cometer ilícitos.
Los delitos giraban en derredor de la recaudación de dinero mediante la realización de transacciones comerciales ilegales respecto de viviendas sociales construidas, o a construirse, por el Instituto Provincial de la Vivienda.
Entre los ilícitos ideados se incluían la: comercialización/venta de viviendas de propiedad del IPV ya adjudicadas o dadas en tenencia precaria a sus ocupantes, y cuya comercialización estaba prohibida por la ley FONAVI; la venta de Legajos personales a los que nominaban comercialmente “Carpetas Adjudicadas”, cuya adquisición por una suma dineraria, que fue variando con el transcurso del tiempo, suponía –según se argüía- la “adjudicación directa”, sorteando la obligación de cumplir procedimientos establecidos; la sustracción de elementos -sello oval- y documentación perteneciente al IPV, a fin de utilizarlos posteriormente a fin de dotar de apariencia de legalidad a los instrumentos confeccionados por los integrantes de la banda y que entregaban a los ocasionales adquirentes de sus gestiones, entre otros.
Para garantizar el éxito del emprendimiento inmobiliario ilegal, se fueron sumando integrantes a la “sociedad”, los que se encargarían de conseguir interesados, explicarles los “beneficios” de acceder a conformar la transacción, y finalmente ponerlos en contacto directo con quien concluía la operación.
Recibida la documentación –y el dinero- por parte del funcionario público dependientes del IPV, éste se encargaba de confeccionar las Resoluciones –apócrifas- donde se concretaban las adjudicaciones en favor de quienes habían abonado la gestión.
