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Repercusiones por el cuestionado proyecto minero aprobado

Gabilondo: “El gobierno armó un escenario legal para obstruir cualquier vía de impugnación para esta ley”

domingo 19 de diciembre de 2021
Gabilondo: “El gobierno armó un escenario legal para  obstruir cualquier vía de impugnación para esta ley”
Ricardo Gabilondo, presidente del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn.
Ricardo Gabilondo, presidente del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn.

El presidente del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn, Ricardo Gabilondo en diálogo con Crónica se refirió a la aprobación y posterior promulgación de la Ley de Zonificación Minera por parte del gobierno provincial. El abogado destacó que aquellos que están en contra del proyecto minero en esta provincia tienen dos opciones claras para lograr que se retrotraiga el tema: pueden invocar un tratado internacional sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales, o bien presentarse ante la justicia federal y, a partir de ahí, llevar el tema a una instancia supranacional. Crítico, Gabilondo habló sobre las irregularidades que, dijo, observó en el tratamiento que tuvo la iniciativa minera de Chubut.

Días atrás, Gabilondo brindó una entrevista a este diario y habló sobre “una colonización de la justicia”, al referirse a una serie de medidas que implementó el gobierno provincial que obstaculizan, justamente, el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía. Ahora, el abogado se refirió al Proyecto de Zonificación Minera que fue aprobado el último miércoles en la Legislatura, y relacionó el tema minería con esta “colonización” de la que habló hace días.

“En consonancia con lo que planteé en la entrevista previa, cuando yo hablaba sobre estas normas que implementaron para restringir el acceso a la justicia, esto puede relacionarse directamente con el proyecto de zonificación minera. En los meses previos al tratamiento del proyecto minero, el gobierno se ocupó de modificar algunas cuestiones de acceso a la justicia para que, de alguna manera, se bloquee la posibilidad de atacar normas como esta. Modificaron la ley de amparo, que es la vía más rápida que tiene una persona para reclamar, entonces, ahora, una persona no puede dirigirse a cualquier juez, uno no puede ir a ver a un juez de primera instancia, tiene que ir directamente a una cámara. Implementaron el ‘per saltum’, un mecanismo que hace que, si hay algo que al gobierno no le gusta, automáticamente toma intervención el Superior Tribunal de Justicia. Además, modificaron la Corte y pusieron cuatro jueces; por eso también estaban apurados con este tema, porque de esa manera, tienen mayoría automática” explicó el letrado.

“También cambiaron el esquema de medidas cautelares contra la administración pública; ahora, un juez no puede dictar una cautelar sin antes correr traslado al gobierno. Otro tema es que para los jueces incompetentes, que, normalmente cuando hay cuestiones urgentes pueden dictar medidas cautelares, a pesar de ser incompetentes, excluyeron específicamente el tema de planteos ambientales. Es decir que, el gobierno armó un escenario legal para obstruir cualquier vía de impugnación para esta legislación”, continuó Gabilondo.

 

El Tratado Internacional de Escazú, una luz de esperanza para el movimiento antiminero

A continuación, el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Madryn se refirió a una de las opciones que tiene el movimiento antiminero para intentar retrotraer la situación que se vive por estos días en la provincia del Chubut, con la aprobación y posterior promulgación de la Ley de Zonificación Minera. “Se podría invocar un tratado internacional, un acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, llamado Tratado de Escazú. Entró en vigencia el 22 de abril de este año y fue ratificado por Argentina, que adhirió y firmó en el año 2018. No solamente nuestro país adhirió, sino que después ratificó el tratado por intermedio de la Ley 27566. Hay que destacar que, este tratado, forma parte del derecho interno de Argentina, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, cuando son ratificados por el Congreso de la Nación, adquieren un nivel equiparable al de la Constitución Nacional, así lo dice la Constitución en su reforma del año 1994, y, obviamente, están por encima de las leyes nacionales y provinciales”, detalló el profesional del derecho.

 

La posibilidad de presentar un recurso de amparo y que la ley sea considerada inaplicable

En otro tramo de la entrevista, el presidente del Colegio de Abogados de Madryn hizo hincapié en el hecho de que, al momento de tratar el Proyecto de Zonificación Minera, no hubo participación pública en el debate, es decir que el pueblo no pudo participar de la discusión. Además, reveló que en diciembre de 2020 desde la institución que conduce reclamaron a la Legislatura que hubieran audiencias técnicas para que especialistas en la materia pudieran dar sus fundamentos, pero nunca obtuvieron respuesta. También mencionó la posibilidad de declarar la inaplicabilidad de la ley minera.

Ricardo Gabilondo resaltó dos artículos del Tratado Internacional de Escazú, artículos que podrían resultar muy útiles a la hora de reclamar por el proyecto minero en Chubut. El primero de ellos, el número siete, habla sobre la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Textuales palabras, dice: “cada parte deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional. Cada parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud”.

“Incluso, en un apartado, el tratado habla del tema de la zonificación. En concreto, este ordenamiento, lo que nos quiere decir, es que el gobierno debe darle participación al público, al pueblo en general. El artículo ocho, que habla sobre el acceso a la justicia en asuntos ambientales, agrega que ‘cada parte garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso. Cada parte asegurará, en el marco de su legislación nacional, el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y el procedimiento’. En este sentido, el tratado hace hincapié en cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental, cualquier decisión, acción u omisión relacionada con la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales y cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente”, resaltó el entrevistado.

En concreto, las disposiciones del Tratado Internacional de Escazú remarcan que el pueblo tiene la posibilidad de reclamar por la implementación de la ley minera en la provincia del Chubut, más allá de lo que digan las leyes provinciales y de la estrategia que llevó a cabo el Ejecutivo provincial para “blindar” la Ley de Zonificación Minera.

“En 2020, le pedimos a la Legislatura que se hicieran audiencias técnicas”

El presidente del Colegio de Abogados de Puerto Madryn reveló que en diciembre del año 2020, desde esa institución enviaron notas a la Legislatura en donde solicitaron audiencias de carácter técnico, tal cual lo establece la Ley V Nº 165 de la provincia, una legislación que dice específicamente que cuando se trata un tema técnico que pueda tener trascendencia, se podrá convocar a audiencia para que especialistas en la materia expongan públicamente sus fundamentos respecto del proyecto que se está analizando.

“Mandamos la nota y jamás nos respondieron, ni por sí, ni por no. Esta ley que invocamos no habla puntualmente de temas ambientales, pero lo que sí es cierto, es que si hubieran cumplido con lo que dice el Tratado Internacional de Escazú, que es posterior, las cosas hubieran sido distintas. Nosotros entendemos que no lo cumplieron. El mismo pacto dice que uno tiene la posibilidad de recurrir a la justicia para impugnar la norma, porque no se cumplió con el principio de participación ciudadana. Habría que analizar con detenimiento el tema, y quizá cabría la posibilidad de presentar una acción de amparo y obtener la declaración de inaplicabilidad de esta norma, y asimismo, una declaración de inconstitucionalidad de todas las normas que se dictaron en materia procesal, sea modificando la ley de amparo o el régimen de medidas cautelares, que, vuelvo a repetir, de alguna manera, lo que vienen a hacer es obstaculizar el acceso a la jurisdicción”, planteó Gabilondo.

 

 

“Plantear un reclamo en la justicia local es algo complicado”

En otra parte de la entrevista con este diario, Ricardo Gabilondo se refirió a la posibilidad de recurrir a la justicia federal para reclamar por la impugnación del proyecto minero que se aprobó en Chubut. El abogado señaló que, desde su punto de vista, no cree que haya un acuerdo tácito entre la justicia nacional y el gobierno nacional. Además, habló sobre otra posibilidad concreta, que sería recurrir a una corte internacional para reclamar por la no aplicación de la ley.

“En principio, yo lo que creo es que plantear un reclamo en la justicia local es algo complicado, justamente, por esta colonización de la justicia que hubo. Si aplican, por ejemplo, el mecanismo ‘per saltum’, va a tomar intervención el Superior Tribunal de Justicia y resolver en función de lo que fue la designación de los integrantes. Sacando el tema de este ámbito, lo que habría que estudiar sería la posibilidad de plantear esto ante la justicia federal. Se podría ir al juzgado de Rawson o de Comodoro, pero entiendo que debería ser el de Rawson, por una cuestión del domicilio del Estado provincial. Me parece a mí que la justicia federal no tiene un alineamiento con el gobierno nacional, pero quizá esto es hacer demasiadas especulaciones políticas, uno nunca sabe cómo terminan estas cosas”, sostuvo.

 

Una instancia supranacional

Ricardo Gabilondo habló también sobre la posibilidad concreta de llevar el reclamo a una instancia supranacional, una vez que la justicia federal haya actuado y probado que hubo un incumplimiento de normas internacionales. “De ser así, esto podría plantearse en una instancia supranacional, por ejemplo, recurrir a algún organismo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La lógica de los tratados internacionales es que la responsabilidad la asume el Estado nacional que suscribe, y obviamente, el Estado responde por lo que hagan sus estados provinciales. Lo cierto es que si hubiera una jurisdicción, como por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno podría ir y plantear que el Estado no cumplió con lo que dice el tratado internacional en cuestión”.

“La ley que se votó, más allá de todo el cuestionamiento que se hace desde el punto de vista de desoír la opinión ciudadana, va en contra no solo de lo que opina la gran mayoría de la gente, sino que además fue en contra de los postulados con los cuales el gobierno ganó las elecciones, porque en su momento, Arcioni dijo que estaba en contra de la minería, cuando estaba en campaña, y todos los diputados decían lo mismo. Más allá de estas circunstancias que afectan la legitimidad de la decisión política, parecería ser que hay herramientas desde el punto de vista del derecho internacional que permitirían un cuestionamiento jurídico para esta ley”, concluyó el abogado.

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