Ruiz y Gómez otra vez son llevados a juicio por la desaparición forzada de Iván Torres

Si bien estaba previsto que en el mes de abril comenzara el segundo juicio por la desaparición forzada de Iván Torres, la pandemia hizo que desde el Tribunal Oral Federal decidieran suspenderlo y pasara para el 16 de octubre del corriente.

Así, el martes comenzó el juicio contra los policías Pablo Ruiz y Mario Gómez, quienes iban en el patrullero de la Comisaría Primera que entre la noche del 2 y madrugada del 3 de octubre de 2003, habrían subido al joven Iván Torres, tras lo cual jamás se supo cual fue su destino.
En una primera instancia de juicio los efectivos fueron absueltos pero desde la Cámara Federal de Casación Penal revocaron la decisión y los jueces Ana María D`Alessio, Luis Alberto Giménez y Gabriel Reynaldi, serán los encargados ahora de determinar la responsabilidad de ambos en torno al hecho.

Respecto a ello, el juez Giménez en diálogo con Crónica explicó “el juicio está vinculado a la decisión de la Cámara de Casación Penal que revocó las absoluciones de dos de los imputados que fueron absueltos originalmente y nos envió la causa para hacer un juicio nuevo con ese alcance. No se juzga nuevamente la desaparición forzada de Torres que ya es un hecho comprobado y confirmado por la Cámara Penal de Casación, lo que está en discusión es si estas dos personas, absueltas en el primer proceso, tuvieron o no participación en este hecho” y añadió “son personas que iban en el móvil y de acuerdo a la fiscalía habrían levantado a Torres en la calle”.

En este sentido, detalló que el martes declaró uno de los imputados y ayer se esperaba la declaración de otro de ellos luego de un testigo, “avanzamos con parte de la prueba de estas jornadas de juicio que se extenderán hasta el jueves si terminamos con los alegatos y si no habrá que programar otra fecha para seguir” expuso y añadió que también se leyeron testimonios de testigos que no pudieron concurrir y que ya son públicos porque se dieron en la audiencia pasada y ayer se leerían otros testimonios, conclusiones periciales y exhibirían grabaciones de la inspección ocular en el lugar para evaluar si es necesario concurrir nuevamente a este sitio.

En tanto después de los alegatos, en cinco días se emitiría la sentencia de acuerdo a los plazos de la justicia.

El caso

Iván Eladio Torres tenía 26 años cuando desapareció entre la noche del 2 y madrugada del 3 de octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia, luego de haber sido subido a un patrullero de la Comisaría Primera.

La investigación estuvo cargada de irregularidades y demoras, incluso seis testigos fueron asesinados, pese a ello no se quería tratar como un caso de desaparición forzada, pero la familia de Torres llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2011 condenó al Estado Nacional por lo ocurrido.

A partir de ello, el primer juicio tuvo lugar en el año 2016 donde fueron condenados Fabio Alcides Tillería, excomisario de la Seccional Primera a 15 años de prisión y el exoficial Marcelo Miguel Alberto Chemín a 12 años de prisión por ser partícipes necesarios de la desaparición forzada del joven.

Ahora los absueltos, Ruiz y Gómez pasan nuevamente a juicio y si bien esperaban enjuiciar también a Eliseo Hernán Leiva, otro de los efectivos, falleció el año pasado.

Un testigo sostiene que previo al debate hubo coacción bajo complicidad de la cúpula policial

Entre los testigos que declararon en la jornada, por primera vez fue convocado por la defensa para brindar su testimonio el comisario Juan Ale, quien en el momento de la desaparición de Iván Torres, fue designado como oficial dentro de la División de Búsqueda de Personas, creada por su padre, Juan Luis Ale, quien a fines de 2003 asumió como jefe de la Policía del Chubut.

En este sentido, explicó que comenzó a investigar el caso porque su padre necesitaba a alguien de confianza para llevarlo adelante al ser una cuestión “delicada”. Así el comisario manifestó que contaban con varias hipótesis, una que sostenía que se habría profugado a El Bolsón por acumulación de causas penales, la otra era que su familia había tenido algo que ver con su profugación y la tercera es que la policía estaba vinculada a la desaparición.

“Por aquel entonces me reuní con personas que tenían vinculación con Torres, uno de ellos de nombre Castillo mencionó con claridad que él junto a Iván y unas personas más cometían delitos y tenían un arreglo con la policía, les daban parte del botín o marihuana para vender” explicó Ale y continuó “sindicaba directamente a Marcelo Chemín e incluso me acercó documentación que indicaba que vivía con él. Yo no le creía pero seguía trayendo documentación y elementos incluso su billetera, pero le indiqué que podría haberla robado. También me dijo ‘te traigo su fierro, se lo puedo sacar cuando duerma’ pero le indiqué que era un delito. No le creía además porque su apodo era ‘mentiritas’ Castillo”.

De igual manera, sostuvo que Castillo le afirmó que un grupo de policías trabajaba para un hombre con un auto importado color amarillo, que era el jefe y manejaba los “negocios”, pero Ale indicó que no logró establecer quién era esta persona y posteriormente fue sacado de la oficina de Búsquedas. No obstante, previo a ello solicitó al juez Herrera unas catorce intervenciones telefónicas y tareas de seguimiento que no fueron otorgadas.

Declaró que le parecía conveniente despejar el manto de duda hacia la policía, que debía investigarse pero lamentó haber recibido amenazas hacia su familia, agresiones contra su domicilio y hasta una amenaza por parte de Chemín, quien lo abordó estando con su hija en brazos, incluso señaló que dejaban amenazas debajo de la puerta de la oficina de Búsqueda, y su superior le sugirió denunciarlo en fiscalía pero no lo hizo, se habría elevado un informe a la fiscal Ferrary pero indicó que nunca supo porque no avanzó.

En medio de sus dichos, Ale informó sobre una presunta situación de coacción por parte de los imputados bajo complicidad de la cúpula policial actual y relató “Mario Gómez comentó que tiempo atrás fue convocado a Rawson y lo hicieron viajar engañado con la gente del Consejo de Bienestar Policial, estuvo un día y medio o dos hasta que lo pasó a buscar el comisario Artiles (secretario General de Gómez) y lo llevaron al Centro de Detención de Trelew donde lo esperaban sentados en una mesa Tillería y Chemín.

También estaban Urrutia (director General de Políticas Penitenciarias), Gómez (jefe de la Policía del Chubut) y el comisario Ruiz, quienes le decían que tenía que hacerse cargo así salían favorecidos y podían salir en libertad. Pero Mario Gómez les dijo que tenía las manos limpias que no iba a hacerlo, porque él entró a la policía para salvar vidas y no para matar gente, que se hagan cargo”.

A partir de ello, el testigo dijo que le cerraba todo “ellos insistieron para que mi papá vaya preso al mismo lugar donde estaba Tillería, y desde 2003 sufrimos persecuciones a la fecha como consecuencia de la creación de la División de Búsqueda de Personas y la teoría que se investigaba y que no se logró probar: que un grupo de policías actuaban en distintas actividades criminales mafiosamente y que ellos estaban involucrados en la desaparición de Torres y delitos de todo tipo. Yo creía en ese momento que fue una muerte accidental en la comisaría, y que lo sacaron en un vehículo no identificable y por eso sufrí amenazas y quisieron sacarme del medio” concluyó.