Hualpa criticó la propuesta del gobernador Arcioni para designar a tres jueces

El abogado señaló que el mandatario salteó “pasos fundamentales y legalmente necesarios” previstos en la Ley V-152, uno de ellos es poner a los candidatos a consideración de la comunidad.

El abogado Eduardo Raúl Hualpa criticó al gobernador Mariano Arcioni por no respetar las leyes en relación a la propuesta de tres personas para ocupar las vacantes en el Superior Tribunal de Justicia.

El viernes el gobernador envió a la Legislatura la propuesta con los pliegos de Daniel Báez, Ricardo Napolitani y Alejandra Bustos, pidiendo que se les conceda acuerdo legislativo para ser designados como jueces y jueza del STJ.

Hualpa, quien es coordinador de la Región Patagonia del Centro de Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia de la Nación, indicó que el gobernador se salteó “pasos fundamentales y legalmente necesarios para poder realizar esta propuesta” establecidos en la ley V-152 sancionada en el año 2016, donde menciona que “la idoneidad, la transparencia y la participación ciudadana son la clave de esta reglamentación”, con lo cual solicitó al gobierno dejar sin efecto la propuesta.

“Mala señal para la ciudadanía”

El abogado considera que la parte más importante del proceso de selección es aquella en que el pueblo y las organizaciones conocen los antecedentes y opinan a favor o en contra de los candidatos. En este caso, al no respetarse las etapas y requisitos previstos en la ley, Hualpa expresa que “el olvido de una conquista tan importante en materia de participación popular en la selección de los más altos cargos judiciales, es una muy mala señal para la ciudadanía que considero no podemos ni debemos dejar pasar”.

Y en esta línea destaca que el STJ “es el último guardián para la protección de los derechos de quienes habitamos Chubut y tendrá palabras definitorias en reclamos ambientales, sociales, sindicales, de derechos humanos”.

Pasos establecidos en la ley

Hualpa menciona que el primer paso para cubrir estas vacantes es la publicación en el Boletín Oficial (2 días) y diarios de circulación provincial (3 días) el nombre y los antecedentes de las personas propuestas. Estas personas deben presentar una serie de certificados, informes y antecedentes que formarán parte de los elementos a tomar en cuenta.

Dentro de los quince días: “los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos” podrán presentar ante el Ministerio de Gobierno “por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones, y circunstancias que consideren de interés expresar en relación de los incluidos en el proceso de preselección”. Recién después el Ejecutivo decidirá si elevar o no la propuesta a la Legislatura.

Luego el abogado explica que “se prevé una audiencia en la que las personas que hayan superado todo este procedimiento basado en la transparencia y la participación ciudadana respondan preguntas y consultas de la Legislatura”.