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Allanamiento al MTE

Iturrioz: “La presunción es que se utiliza el dinero para beneficio propio”

viernes 09 de julio de 2021
Iturrioz: “La presunción es que se utiliza el dinero para beneficio propio”

El fiscal al frente de la causa por extorsión contra integrantes del MTE, Héctor Iturrioz, se refirió a la investigación que se lleva adelante y brindó detalles sobre la denuncia que se generó a principios de septiembre de 2019 en el Juzgado Federal por parte de exintegrantes del movimiento y otros que actualmente están dentro de las filas.


“Ellos denuncian que había un requisito a cumplir para ser integrantes del movimiento y cobrar el plan social que gerenciaban, porque el aporte los da el gobierno nacional, ellos deciden quiénes perciben y quiénes no al presentar los proyectos productivos. Si te anotabas con pretensión de percibir el salario social complementario tenías que pagar una suma de dinero cada vez que percibieras, aproximadamente el 10 por ciento los planes, eran de 4 mil pesos por aquel tiempo y tenían que pagar 400 pesos” explicó el funcionario; y continuó: “En un primer momento todos aceptaron y además porque les dijeron que era un seguro de vida por las tareas que realizaba pero cuando se accidenta una compañera descubren que el seguro no existía y les blanquean que es para sostener al movimiento. Entonces algunos empezaron a negarse a pagar, les retiraron las tarjetas de débito, los suspendían un par de meses y luego les devolvían y los que se negaban directamente les daban de baja. Los que se negaron no pudieron ingresar a ningún plan más, se hace una especie de lista negra”.


De esta forma, el fiscal mencionó que en las diligencias del miércoles buscaron cuadernos, planillas y computadoras donde se anotaría esta información y comentó que el “apriete” hacia los integrantes se hacía a través de mensajes de texto o Whatsapp que están en poder de la justicia, por ello la intención era secuestrar todos los teléfonos de los imputados pero hallaron solo uno.

Alimentos a la venta

En este marco, Iturrioz señaló que de acuerdo con lo que consta en la denuncia mensualmente quienes estaban dentro del movimiento tenían que firmar una planilla donde se pedía alimentos al Municipio para las personas más necesitadas pero solo se daba una parte a quienes lo requerían y el sobrante era preparado en pequeñas bolsas que se ponían a la venta por un valor económico en la vivienda de una de las denunciadas. “Los merenderos nunca se sustentaron con dinero propio sino donaciones del estado, la mercadería alcanza y sobra por eso la venden y esto consta en el trabajo de campo de la Brigada” declaró.


“Investigando en redes sociales encontramos gente que nunca tuvo una actividad lícita y reconocida hace constantes viajes a Buenos Aires y tienen un estándar de vida que no podrían tener sin ingresos y se comenta que pasa en toda la provincia” aseguró.


En tanto, planteó que desde el movimiento manifestaron públicamente que se le solicitaba 500 pesos por persona para el pago del alquiler del galpón que cuesta 17 mil pesos; “serían 250 los aportantes entonces tenemos 125 mil pesos y con el pago del alquiler estarían sobrando 108 mil pesos” destacó y agregó que “no es la única fuente de financiación porque para pertenecer al Potenciar Trabajo hay que trabajar entre 50 y 80 horas mensuales, pero el que no quiere hacerlo puede pagar mil pesos y lo liberan de sus funciones, hay suplementos temporales como la Ley Ramona que tienen que pagar 200 pesos más y además tienen talleres de carpintería, costura y otros, de esa producción una pequeña parte se dona en actos públicos y otra se vende en ferias pero no se sabe dónde está la recaudación”.

Imputación

Sobre este punto, el fiscal añadió que todos los integrantes de la familia investigada perciben planes sociales incluyendo sus hijos pero están liberados de funciones o de trabajar, lo que fue denunciado y no hay constancia legal de cómo se utiliza el dinero.

“Nadie puede exigirle dinero a otro a través de amenazas, hacen viajes onerosos cuando no tienen recursos y la presunción es que se usa el dinero en beneficio propio, pero el Estado no tiene que bancar la militancia sino dar ayuda a la gente para que pueda comer” aclaró Iturrioz.


Finalmente, mencionó que la apertura de investigación se estaría realizando a fines de julio, principios de agosto por el delito de extorsión; “tenemos todos los audios donde los aprietan incluso para ir a marchas, con un mecanismo extorsivo” concluyó.

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