Piden inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para el juez Gustavo Toquier

Luego de haber sido declarado penalmente responsable como “autor” del delito de “prevaricato” la semana pasada, ayer lunes se concretó la audiencia de imposición de pena o cesura en el juicio al juez civil Gustavo Toquier, según la información suministrada por el vocero de prensa del MPF.

La fiscal solicitó, considerando las circunstancias agravantes y atenuantes del caso, la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $75.000. Por su parte las defensoras requirieron una multa de $30.000.

Finalmente el juez pasó a deliberar y el próximo viernes 4 de junio, a las 9:30, dará a conocer el veredicto de pena.

El tribunal unipersonal de debate fue integrado por Mariano Nicosia, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Verona Dagotto, fiscal general; en tanto que la defensa de Toquier fue ejercida por María de los Ángeles Garro y Cristina Sadino, defensoras públicas.

Luego del ofrecimiento de prueba de las partes en relación a la audiencia de cesura, la fiscal se refirió a las dos penas conjuntas establecidas para el delito de prevaricato, de inhabilitación y multa. La primera lo priva de derecho, suspende el ejercicio de los derechos que enuncia la Ley y la multa es una afectación patrimonial, que no implica una indemnización de daños y perjuicios, sí un pago en favor del Estado. Ambas penas persiguen la motivación del imputado en la Ley.

“Respecto de la multa la fiscal solicitó el máximo de la pena, 75.000 pesos, apartándose del mínimo en función de la naturaleza de la acción. Realizó una serie de actos y conductas que contradicen la imparcialidad que deben tener los jueces”. También la fiscal tuvo en cuenta para el pedido de pena, el daño creado, daño grave que afecta la confianza en la Administración de Justicia. Toquier es Magistrado, es una persona que puede autodeterminarse en la norma y tiene amplias herramientas para ello. Todo ello constituye circunstancias agravantes de la pena.

Calificando la fiscal “el monto de pena solicitado como idóneo, necesario y proporcional”. Respecto de la inhabilitación es absoluta y perpetua. Solicitando la multa máxima y la inhabilitación absoluta perpetua de Toquier.

Las defensoras por su parte respecto de la pena de inhabilitación perpetua: Reviste tal gravedad la aplicación de esta pena, que restringe el goce de la capacidad jurídica de la persona. Como consecuencia de esto va a ser privado de su empleo. No encuentra resistencia alguna para oponerse al inciso primero, ello en virtud que se lo ha declarado penalmente responsable de prevaricato. Solicitando que no se le cancele el derecho a voto, pero sí el postularse a ser elegido. Postulando la defensa primero la no aplicación y luego la inconstitucionalidad de la norma respecto de no percibir jubilación, en un futuro, por violar la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica. Esto ya que son derechos adquiridos que no pueden ser suspendidos.

En cuanto a la multa hay que analizar los atenuantes y agravantes, se refirieron a su falta de antecedentes penales. No debe tenerse presente la calidad de magistrado porque el tipo de delito ya lo prevé, argumentaron las defensoras. La multa máxima sería desproporcionada, entendiendo que el monto que se ajusta es el de $30.000. Hay que tener presente el principio de humanidad y que va a ser separado de su cargo.