Causa vacunas Covid-19: aún se analiza cómo consiguieron la primera dosis los Camioneros

Luego del escándalo generado al constatar que más de 20 integrantes de la obra social y gremio de Camioneros había recibido la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19, un total de 24 personas fueron procesadas y se intenta determinar cómo fue conseguido el primer componente.

Recientemente se conoció que la jueza federal Eva Parcio de Seleme dictó el procesamiento y embargo millonario de 24 personas vinculadas al robo de vacunas Sputnik V segundo componente, que fue denunciado el pasado 8 de febrero al Ministerio Público Fiscal. Entre ellas, se encuentra el titular del gremio Camionero del Chubut y exdiputado nacional, Jorge Taboada, así como integrantes del sindicato y de la obra social, además de referentes del área de salud.

Según se dio a conocer en la investigación tanto Taboada como su secretario Adjunto, Elías Guzmán fueron inmunizados, junto a integrantes de la obra social y otros miembros de la comisión: Diana Cárcamo, Eduardo Díaz Narváez, Noelia Maure, Marisa Torres, Darío Guzmán, Cecilia Alvarado, Laura Cárcamo, Marcos Paura, Valeria Khoury, Valeria Mansilla, Miguel Santana, Silvana Taboada, Pablo Mansilla, Vilma Borau, Jessica Modingel, Gisel Ampuero, Cynthia Hernández y Silvio Borau figuran entre los nombres de quienes accedieron a la vacuna aunque no pertenecían a los grupos de riesgo prioritarios para ser inoculados en medio de la pandemia.



También entre los procesados se encuentra la enfermera del Hospital Regional, Analía Muñoz y su compañera Gabriela Torres, la responsable de la cámara de vacunas, Daniela Cocha, y el jefe de Epidemiología y Prevalentes, Jorge Benítez.

El fiscal sostiene que hubo delito

“Ahora tenemos que esperar las apelaciones si es que existen y después de ahí una vez que apelen, se notifique y eso suba a la Cámara, se pone una fecha para las audiencias, cuando se hace la Cámara resuelve si baja al Juzgado otra vez y veremos si la causa se confirma se va a juicio o si se siguen investigando algunas cuestiones” explicó en diálogo con Crónica el fiscal federal Norberto Bellver, y añadió: “contamos con conversaciones telefónicas, documentación e información que indican que cometieron los delitos, fueron llamadas todas las partes a declarar y tenemos que analizar si queda algún hilo suelto, de ser así seguiremos investigando”.

Bajo este panorama no descartó que existan nuevas imputaciones contra otras personas vinculadas al hecho.

Consultado sobre las vacunas sustraídas expresó “son de la segunda dosis y estamos viendo cómo fue que recibieron la primera”, y añadió que dependiendo de la responsabilidad atribuida a cada una de las personas que tuvo participación se determinará si son condenados y su pena.

Una falla en el sistema y un control rudimentario

En el marco de la investigación se determinó que hubo fallas en el sistema que hizo que pudieran ser sustraídas las vacunas y aplicadas a personas que no estaban dentro de los listados prioritarios.

Se carecía de un sistema acorde para tamaña responsabilidad, y las anotaciones se realizaban a mano sin contar con controles pertinentes, lo que posibilitó que las enfermeras pudieran apropiarse de las vacunas y gestionar con el gremio la colocación por una suma de dinero.

En este punto, merece señalarse que también existen responsabilidades superiores, sobre todo de quienes cumplen funciones públicas de gobierno, que si bien su accionar no encuadraría en figura penal, sí podría haber sido pasible de sanciones administrativas; de esa manera, la trasparencia y confianza resquebrajada puede recomponerse. Pero, eso ya incumbe a decisiones políticas.