“La policía actúa como una banda de delincuentes”, dijo el abogado defensor de Santiago Goodman

Juan Manuel Salgado, abogado defensor de Santiago Goodman en la causa en la que fue condenado a tres años de prisión en suspenso, en diálogo con Crónica se refirió a la pena que recibió el sindicalista por los incidentes que se dieron en inmediaciones a la Legislatura en Rawson el 17 de septiembre del 2019. El letrado hizo un crudo y crítico análisis sobre el accionar de la policía y volvió a denunciar un operativo ilegal por parte de la fuerza, al resaltar que fue la propia policía la que admitió durante el juicio haber filmado la manifestación de los docentes ese día en las afueras de la Legislatura, algo que está prohibido e incluso penado por la ley. “Vamos a ir a todas las instancias internacionales posibles”, aseguró.

El pasado miércoles 17 de agosto, la jueza María Tolomei condenó al sindicalista Santiago Goodman a tres años de prisión en suspenso por los incendios ocurridos en la Legislatura en Rawson durante el 17 y 18 de septiembre de 2019, durante las protestas que llevaban a cabo los docentes por reclamos salariales. El fallo fue apelado por Juan Manuel Salgado, abogado defensor de Goodman, quien en una entrevista con este diario se refirió a la condena del ex secretario general de ATECh.

“Santiago tuvo una condena en suspenso de tres años de prisión, él ahora tiene que cumplir ciertas condiciones que puso la jueza, y si llega a tener otra imputación, ahí sí podría ir preso, en el caso de que esta condena quede firme. Para que esta condena quede firme, tiene que ser confirmada por la Cámara de Apelaciones y el Superior Tribunal de Justicia, y eventualmente, por la corte. Nosotros hemos apelado, justamente, para que no quede firme”, señaló el letrado.

Juan Manuel Salgado. El abogado defensor del dirigente del gremio docente condenado reiteró pedido de nulidad de la sentencia.

Un dispositivo ilegal y delictivo

“El problema con esta causa, que es algo muy grave, es que aparece un dispositivo ilegal, de carácter delictivo, que la policía de nuestra provincia viene utilizando desde hace varios años. Hay una ley de inteligencia interna que prohíbe expresamente hacer lo que ellos hicieron, que es filmar las manifestaciones. Esa ley, lógicamente, establece penas, y esas penas son tan grandes como la que se le imputa a Goodman, pero es más grave porque, en este caso, lo hace el Estado, con los fondos de todos los chubutenses. Durante el juicio, uno de los policías, con toda naturalidad, dijo que ellos siempre hacen esto, que lo venían haciendo desde antes y que lo siguen haciendo, incluso se refirió al conflicto que en ese momento tenía el gremio de la pesca, en donde ellos también filmaban las manifestaciones de protesta social, como si eso fuera algo normal”, planteó Salgado.

En esta línea, el abogado fue sumamente crítico al afirmar que la fuerza policial de esta provincia, constantemente viola la privacidad de las personas al investigar redes sociales personales, algo que está prohibido para los funcionarios del Estado. “No hablamos de algo que hacen por su cuenta, es parte de la organización, porque los propios comisarios les dijeron en su momento cómo hacerlo. Se movilizaban en vehículos no identificables, en lugares estratégicos, y desde esos lugares filmaban.

Incluso, contaron que empezaron a filmar horas antes de que sucediera algo. Es decir, antes de que pase algo, ya contaban con filmaciones para identificar a las personas que van a las manifestaciones populares. Esto es algo que está expresamente prohibido y castigado como delito. Esto es lo que se tiene que discutir realmente, que la policía actúa como una banda de delincuentes” afirmó.

El entrevistado puntualizó además en que no solo hay una ley en el país que prohíbe expresamente la filmación de las manifestaciones populares, sino que también es algo que está prohibido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Han adoptado un dispositivo que tiene por objetivo perseguir a los ciudadanos, porque filmarlos y registrar en dónde están es una forma de persecución, y eso es un delito, y esto no es algo que solo compromete al policía que admitió esto durante el juicio, sino que además compromete a la cúpula de la institución, que fue la que dio la orden para que se cometiera el espionaje ilegal. Esto es algo gravísimo, y no va a quedar acá. Vamos a ir a todas las instancias internacionales posibles”, subrayó Salgado.

Antecedentes de la policía y pena por filmar manifestaciones populares

“Queremos que se revea esta situación. El Gobierno, el Ministerio Público Fiscal y la policía hacen lo que quieren”

Por otra parte, Juan Manuel Salgado hizo hincapié en una serie de antecedentes que existen en la policía de esta provincia, criticó al actual jefe de la fuerza, César Brandt, y habló sobre la pena que puede caberle a cualquier funcionario del Estado por incumplir la Ley 25520, legislación que prohíbe expresamente filmar las manifestaciones populares.

“La policía de Chubut ya tiene una condena internacional por la desaparición de Iván Torres, por actuar en la ilegalidad. En esa condena, la Corte Interamericana les dijo que tenían que derogar la ley que permite la detención por averiguación de antecedentes. Ellos se creen que son un Estado aparte, tanto así, que el propio jefe de policía que hay hoy en la provincia tiene una condena firme, una condena a prisión que ya no se puede apelar y que tendría que cumplir, pero sin embargo está en funciones. Fue condenado a prisión en suspenso y también inhabilitado para seguir siendo efectivo de la policía, pero no cumplió la prisión, y encima lo nombraron jefe de la fuerza”, sostuvo Salgado.

La pena por filmar manifestaciones populares

A continuación, el abogado se refirió puntualmente a la ley que prohíbe expresamente la filmación de las manifestaciones populares. Dicha legislación, que lleva el número 25520, prohíbe en su artículo cuarto “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. De incumplirse la normativa, podría caber una pena de tres a diez años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo para todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas.

“Vuelvo a insistir, esto es algo que la policía viene haciendo desde hace muchos años, esta es la cuestión fundamental que se tiene que discutir. La fiscalía, de forma mentirosa, dijo que la investigación se inició después del fuego, y eso es mentira, porque la misma policía reconoció que el fuego se inició a las diez de la noche y ellos estaban filmando desde las cuatro de la tarde, con autos no identificados y policías de civil. Este tema de que los policías vistan de civil es también grave, porque hay una ley policial que los obliga a identificarse, a tener una chapa identificatoria, cosa que no cumplen. Además, otro hecho grave es que la fiscalía usó como pruebas estos videos, algo que también ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es algo que está prohibido. Tristemente, vivimos en un Estado en donde la policía puede estar por fuera de la legalidad”, sostuvo el letrado.

“La fiscalía se basó en hechos nulos”

El abogado defensor de Santiago Goodman señaló que, ahora, esperan que la causa se resuelva “de acuerdo a la legalidad”, y que se plantee finalmente que “la fiscalía se basó en hechos nulos”. Además, Salgado apuntó al Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena, y lo acusó de “hacerse el desentendido”.

“Nosotros queremos que se revea esta situación. El Estado, el gobierno, el Ministerio Público Fiscal y la policía hacen lo que quieren. Los jueces ahora tienen un caso muy claro en donde la actividad policial se lleva a cabo al margen de la ley. La fiscalía pretende obtener una condena en base a esa actividad policial ilegal”, subrayó el entrevistado.

“Las protestas sociales, incluso con corte de ruta, son legales”

Cortes de ruta. Salgado planteó que dichas medidas, pacíficas y sin armas, están respaldadas por el Pacto de San José de Costa Rica.

En otro tramo de la entrevista con este diario, el abogado defensor de Santiago Goodman se refirió a las manifestaciones populares, por lo general encabezadas por diferentes sindicatos, y defendió los cortes de ruta, algo que, según dijo, está respaldado por el Pacto de San José de Costa Rica. “Esto no es una guerra, esto es una sociedad democrática en donde la seguridad debe estar al servicio de la democracia”, sostuvo.

Juan Manuel Salgado hizo un crítico análisis sobre el accionar de la cúpula policial de esta provincia y resaltó, respecto a la formación que tienen los policías en Chubut, que mientras los futuros efectivos son formados, se les inculca un profundo repudio por la figura de los piqueteros. “Muchos recordarán que hace un año se filmó a los cadetes de la policía de nuestra provincia, con un canto bastante desagradable. ‘Piquetero, piquetero, ten cuidado, ten cuidado. Una noche muy oscura, a tu villa entraré’. Eso cantaban los aspirantes a la policía de nuestra provincia. Incluso, el ex ministro de Seguridad dijo públicamente que, para él, los piqueteros eran delincuentes, algo que es totalmente falso”, señaló el letrado.

En esta línea, el entrevistado subrayó que el planteo que siempre existió desde la cúpula policial, es que cortar una ruta es un delito. “Deberían volver a leer la Constitución Argentina, que por suerte cambió, ya no estamos más en la ley de la dictadura militar de Onganía. Las protestas sociales, incluso con corte de ruta, son legales, no son un delito. No lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que de acuerdo a la Constitución Nacional, es la que interpreta el Pacto de San José de Costa Rica, y si este pacto, que está dentro de la Constitución Nacional, dice que los cortes de ruta pacíficos y sin armas no son ilegales, no va a venir un ministro de Seguridad bastante ignorante a decir que los piqueteros son delincuentes.

Ese es el entrenamiento que se le da a nuestra institución policial, entonces, es realmente muy difícil terminar con la violencia en Chubut”.

“Queremos que la policía cumpla con la ley”

En una última reflexión, el letrado aseguró que recurrirán a todas las instancias posibles para que la condena a Santiago Goodman sea finalmente anulada: “seguiremos hasta el Superior Tribunal de Justicia, hasta la Corte Suprema, y si es necesario, también iremos a la Corte Interamericana, porque este es un caso muy grave, en donde además están involucrados todos los organismos nacionales de derechos humanos”.

“Lo que nosotros queremos es que la policía cumpla con la ley, y obviamente, que la condena a Santiago se anule, porque es una condena basada en una actividad ilegal de la institución. La ciudadanía le da a la policía armas, uniformes y cierta autoridad. A cambio de esa autoridad, nosotros les pedimos que cumplan con las leyes. Esto no es una guerra, esto es una sociedad democrática en donde la seguridad debe estar al servicio de la democracia”, concluyó.