La Justicia suspendió por seis meses los cambios en el INTI dispuestos por el Gobierno
La medida judicial tendrá una vigencia de seis meses y establece la prohibición de ejecutar cualquier acto administrativo derivado de la normativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La jueza Martina Isabel Forns hizo lugar parcialmente a la medida cautelar de no innovar solicitada por ATE y ordenó al Estado nacional que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del Decreto 462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTI”.
ATE, sindicato que lidera Rodolfo Aguiar, había encabezado distintas protestas en la sede del organismo luego de la publicación del decreto. Tras las movilizaciones, presentó una acción judicial solicitando “la nulidad e inconstitucionalidad” de los cambios impulsados por el Ejecutivo. En el escrito judicial, se planteó que la normativa representa “una desviación de poder que ocultaría una disolución, desfederalización, y vaciamiento” del instituto.
El Decreto 462/2025 transformó al INTI en una unidad organizativa dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, quitándole su carácter de instituto. En los considerandos de la medida se expuso que el cambio permitiría “unificar las políticas públicas vinculadas al desarrollo industrial bajo una única conducción estratégica y mejorar la trazabilidad de los instrumentos estatales”. También se aclaró que el organismo mantendría su nombre “con el objeto de preservar su reconocimiento internacional y garantizar la continuidad de su identificación en el ámbito del Sistema Nacional de la Calidad”.
Sin embargo, esta transformación implicaría la pérdida de la autonomía y autarquía financiera del INTI, así como su carácter federal, ya que cuenta con presencia en distintas provincias del país. Según se indicó en el fallo, esas oficinas podrían ser eliminadas salvo que sean absorbidas por los gobiernos provinciales.
La jueza Forns sostuvo en su resolución que el Estado nacional no puede “alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por la norma colectiva” y advirtió que la medida dispuesta por el Gobierno “vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo y al interferir arbitrariamente en cuestiones que deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos”.
Actualmente, el INTI emplea a unas 400 personas. A fines de junio, luego de la publicación del decreto, se organizaron distintas protestas por parte del personal del organismo en rechazo a la medida, principalmente por el temor a despidos. Las manifestaciones fueron encabezadas por ATE, que finalmente acudió a la Justicia para solicitar la suspensión de los cambios.
Redactado en base a información del medio La Nación