El Senado convirtió en ley un régimen permanente de discapacidad y blindó las prestaciones vigentes
El Senado de la Nación sancionó por unanimidad la “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”. Con el respaldo de los 71 legisladores presentes en el recinto, la iniciativa transforma en un régimen estable y de orden público los beneficios de la Ley 27.793, cuyo vencimiento operaba en diciembre, dejando atrás el esquema de transitoriedad y dando un giro respecto al veto que el Poder Ejecutivo había aplicado el año anterior.
La sanción se produjo en un contexto atravesado por los reclamos sostenidos de los colectivos del sector en las calles y tras el reciente respaldo público del papa León XIV a las demandas de las personas con discapacidad.
Puntos clave de la nueva normativa
A diferencia de las leyes de emergencia previas, el nuevo marco legal busca otorgar previsibilidad a prestadores, instituciones y familias mediante reglas fijas que trasciendan a las administraciones de turno:
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Compatibilidad entre pensión y trabajo: Garantiza que los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) puedan percibir una pensión no contributiva —equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo— y, al mismo tiempo, desempeñar un empleo formal o estar inscriptos en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
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Actualización de aranceles y cobertura médica: Conserva el principio de nomenclador único, ratifica el ajuste automático y periódico de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria (vinculado al IPC) y asegura la cobertura médica básica a través del programa federal Incluir Salud.
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Garantía presupuestaria: Establece por ley que las partidas asignadas al Ministerio de Salud para esta área no podrán ser inferiores, en términos reales, a las del ejercicio fiscal anterior.
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Auditorías y control: Crea un sistema de fiscalización periódica mediante el cruce de datos entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el SINTyS y el RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo.
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Deudas y reglamentación: Incorpora una cláusula transitoria con un cronograma para saldar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
Las voces del recinto
Durante el debate, el oficialismo defendió el paso de una ley de emergencia a un marco definitivo. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (La Libertad Avanza), sostuvo que "la única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad". En la misma línea, la titular de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, calificó la norma como "un acuerdo social y político" y destacó que, a diferencia de los "parches" anteriores, el texto define el origen de los fondos para solventar las prestaciones y corrige falencias en las auditorías.
Desde los bloques dialoguistas, el presidente del PRO, Martín Goerling Lara, señaló que la tranquilidad de las familias "no puede estar atada a una emergencia que vence el 31 de diciembre", mientras que el radical Maximiliano Abad celebró dejar atrás años de "aranceles congelados, demoras de meses en los pagos e instituciones en crisis". Por su parte, la senadora Alejandra Vigo (Provincias Unidas) remarcó la necesidad de optimizar recursos y acompañar a las provincias para garantizar los servicios.
En la oposición peronista, si bien acompañaron con su voto, mantuvieron fuertes críticas hacia la gestión nacional. La senadora Alicia Kirchner advirtió que la ley "es un punto de partida" y una respuesta "muy importante, pero no definitiva", ya que "ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados". Más dura fue la catamarqueña Lucía Corpacci, quien atribuyó la aprobación exclusivamente a la movilización ciudadana: "Esta ley existe porque el colectivo de discapacidad salió a la calle. Si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena", concluyó.