Soberanía recursos naturales
El Gobierno denunciará penalmente a cinco empresas por explorar petróleo ilegalmente en las Islas Malvinas
El gobierno de Javier Milei anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación se basa en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades no autorizadas por la Argentina en esa zona.
Según pudo saber Infobae, la demanda se realizará en la Cámara Federal porteña y estará a cargo del canciller, Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. La acción alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
El texto oficial sostiene que tres de las firmas, Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc., habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área, bajo el proyecto conocido como Sea Lion. Para la Casa Rosada, esas autorizaciones implicarían una vulneración de la normativa argentina sobre los recursos naturales situados en torno a las islas Malvinas.
La acusación no se limitará a las sociedades mencionadas. El Gobierno indicó que incluirá a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan participado de los hechos bajo investigación.
La Ley 26.659 establece sanciones para quienes realicen exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la autorización de las autoridades nacionales.
La Oficina del Presidente afirmó que la medida busca “proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina” sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El Gobierno también señaló que continuará con las acciones que considere necesarias ante posibles actividades que afecten los derechos soberanos argentinos sobre esos territorios y sus recursos.
Prioridad en el Presupuesto 2027 y acciones en la Cancillería
El anuncio sobre la denuncia estuvo acompañado por una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos vinculados con la seguridad nacional.
La iniciativa presupuestaria deberá llegar al Congreso el próximo 15 de septiembre. De acuerdo con el comunicado, la decisión apunta a “asegurar la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina”.
El viernes pasado, el Gobierno había anunciado que la Cancillería abrirá procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas, entre las que se encuentran las que serán denunciadas penalmente, por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en una decisión que busca frenar el avance del proyecto Sea Lion y endurecer la respuesta argentina frente a operaciones que considera ilegítimas en un territorio bajo disputa de soberanía.
Los detalles del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte
El anuncio se conoció horas después de la cadena nacional en la que Milei ratificó el reclamo argentino sobre las islas y cuestionó de forma directa el avance de Sea Lion, un yacimiento ubicado en la Cuenca Malvinas Norte que, si se concreta según lo previsto, sería el primero en producir crudo en aguas próximas al archipiélago. El emprendimiento es conducido por Navitas Petroleum con el 65% y por Rockhopper Exploration con el 35 por ciento.
El campo fue descubierto en 2010 y se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas, a 450 metros de profundidad en el lecho marino. A fines de 2025, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa, un paso que en la industria implica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras ya fueron completadas y que el proyecto fue considerado viable.
La Cancillería ya había rechazado en diciembre de 2025 esa decisión de inversión y había calificado a ambas firmas como licenciatarias ilegítimas por operar sin permisos nacionales. También sostuvo que toda exploración o explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa contradice las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.