Nación envió 100 mil millones a Santa Cruz para salarios y jubilaciones
El Gobierno nacional formalizó hoy un anticipo financiero de hasta 100.000 millones de pesos destinado a la provincia de Santa Cruz. La medida busca cubrir obligaciones inmediatas del tesoro provincial, principalmente el pago de salarios y jubilaciones.
A través del decreto 161/2026, publicado en el Boletín Oficial, se autorizó la asistencia económica bajo la firma del Ejecutivo nacional. El desembolso se realizará a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía durante el transcurso del mes de marzo.
La normativa fundamenta la decisión en la necesidad de brindar soluciones a las dificultades financieras transitorias. El mecanismo utilizado se rige por la Ley 11.672, que permite otorgar adelantos de coparticipación federal a las jurisdicciones provinciales.
Desde el Ejecutivo de Santa Cruz, a cargo de Claudio Vidal, precisaron que los recursos se aplicarán al cumplimiento de los compromisos salariales con trabajadores activos y pasivos. La restricción de liquidez actual impedía afrontar el cronograma de pagos sin esta asistencia externa.
La gestión de los fondos fue encabezada por el área económica provincial ante autoridades nacionales en Buenos Aires. El objetivo central es garantizar el funcionamiento operativo del Estado santacruceño mientras se estabilizan los ingresos fiscales.
Condiciones y reintegro
El monto recibido no representa una transferencia a fondo perdido, sino un préstamo de corto plazo. La provincia deberá devolver el capital junto con un interés calculado a una tasa nominal anual del 15%.
La cancelación de la deuda se efectuará mediante retenciones automáticas sobre los recursos de la coparticipación federal. Santa Cruz autorizó a la Nación a aplicar estos descuentos de manera directa sobre su participación en el esquema de ingresos federales.
Situación económica provincial
El escenario fiscal de la provincia limítrofe muestra una baja en la recaudación propia y en las transferencias nacionales. Esta caída impactó en el flujo de fondos necesario para cubrir el gasto público durante el primer cuatrimestre del año.
En paralelo, el Gobierno provincial mantiene conversaciones con el Frente Sindical para avanzar en el tratamiento de la Ley de Emergencia Económica. Según fuentes oficiales, esta herramienta busca dotar al Estado de mayor capacidad de financiamiento sin afectar el sistema previsional.