El Gobierno oficializó cambios en el sistema de calificación de películas
El Gobierno nacional oficializó este martes la reglamentación de la Ley 23.052, introduciendo modificaciones en el sistema de calificación de películas cinematográficas que regía desde 1984. A través del Decreto 50/2026, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso la derogación del Decreto 828/84 y la disolución de la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas.
La medida tiene como objetivo adecuar los criterios administrativos a las transformaciones culturales y tecnológicas del sector audiovisual. Según los considerandos de la norma, la estructura anterior generaba demoras que afectaban la dinámica de los estrenos en el país y no demostraba la eficiencia necesaria para los estándares actuales.
Centralización de funciones en el INCAA
A partir de esta disposición, la responsabilidad de calificar la aptitud de los filmes recaerá exclusivamente en el INCAA. El organismo asumirá la competencia técnica para definir las categorías orientativas, tales como *Apta para todo público*, +13, +16 y +18. El Estado mantendrá un rol orientativo, remarcando que la responsabilidad primaria sobre los contenidos consumidos por menores de edad corresponde a sus padres o tutores.
Desde el Gobierno nacional señalaron que la comisión disuelta dificultaba la dinámica del sector con procesos burocráticos. Con este cambio, se busca simplificar la administración y que el organismo técnico nacional sea el único encargado de velar por los criterios de clasificación.
Homologación de las calificaciones internacionales
Uno de los puntos destacados de la nueva normativa es el reconocimiento de las calificaciones de origen para las películas extranjeras. El Ejecutivo fundamentó esta decisión en que el 65% de los estrenos en Argentina provienen de Estados Unidos y ya cuentan con evaluaciones de organismos internacionales estandarizados.
Estas calificaciones serán homologadas automáticamente a las categorías locales, permitiendo un ahorro de recursos administrativos. No obstante, el INCAA conservará la facultad de modificar estas clasificaciones de oficio si existieran razones de orden público que lo justifiquen. Los cambios entrarán en vigencia en un plazo de 60 días corridos.