El Concejo aprobó por mayoría el aumento de tarifas de los servicios públicos de la SCPL

Según la orden del día, fue el último tema que se trató en la sesión. En primer lugar, tomó la palabra el concejal del bloque oficialista, Marcos Panquilto, quien adelantó su voto negativo a la actualización tarifaria y expresó: “hay diferentes cuadros tarifarios. Para los residenciales, un aumento del 17.23% y para los no residenciales un aumento de energía del 23.3 % y 50.9% en aguas y saneamientos”, en este sentido explicó que en la tarifa no residenciales perjudica a los clubes, entidades sin fines de lucro, las pymes y comercios.

“Acá, las pymes, comercios, clubes y entidades sin fines de lucro tienen un incremento más que el residencial. El comerciante cuando tiene un aumento de energía lo vuelca a producto, ese producto tiene un incremento porque cubre sus gastos y ahí es donde también le estamos tocando el bolsillo a la gente”, opinó.

Por otro lado, manifestó que “desde que se modificó la ordenanza de los servicios públicos el Concejo Deliberante perdió la facultad de poder debatir y fijar tarifas. Nos eligieron para que busquemos soluciones reales a los problemas, para mejorar la realidad de los vecinos de una forma justa para todos”.

Tarifas acorde a una inflación por las nubes

Por su parte el concejal del Bloque Raúl Ricardo Alfonsín, Omar Lattanzio también se opuso y adelantó su voto en contra cuando tomó la palabra. “No es que un 17% de aumento sea ilógico, en realidad si es lógico, dada la inflación que hay” dijo, y continuó haciendo hincapié sobre el procedimiento de la aplicación de la ordenanza, teniendo en cuenta que el aumento ya se aplicó: “pero a nosotros nos quitaron la posibilidad de análisis de todo esto. El Ente de Control de Servicios Públicos -ENCOSEP- no sé si tienen técnicos para analizar, ni de dónde sacan los números como para autorizar y verificar algo. El poder ejecutivo lo aprueba, se ejecuta el aumento y después recién nos llega a nosotros para ver si lo aprobamos o no, pero ya se lo están cobrando a la gente hace un mes y medio atrás”, dijo.

Y apuntó a la SCPL “realmente nadie sabe cómo está manejando los fondos la Cooperativa, hace dos años que venimos diciendo `señores muestren un papel`, y no muestran absolutamente nada”.

En este marco, trajo a colación el acontecimiento que ocurrió hace poco tiempo sobre el corte masivo de luz a los vecinos del Fracción 14 y 15, por la imposibilidad de pagar las boletas de 25 mil pesos, y que muchos de ellos percibieron la notificación de “fraude” e incluso multas que llegaron a los 190 mil pesos.

“La boleta hoy la gente no la puede pagar, van desde 20 y 25 mil pesos. Y el que hace `fraude`, le cortan la luz y le cobran multa de hasta 195 mil y si el vecino hizo un bypass dentro de la casa para darle a otro vecino le cobran 60 mil. Así están reventando a toda la gente Fracción 14 y 15, quienes tenían el papel de fraude, incluso familias con niños discapacitados fueron y le cortaron la luz con el frío que hacía”.  

Explicó que en el caso además intervino la concejal Viviana Navarro y senador Carlos Linares para llegar a una solución. “Le cortaron la luz a todos, no les importó si había gente enferma, chicos discapacitados, eso no es una cooperativa”.  

Y remató: “yo no voy a aprobar ni este ni ningún otro aumento hasta que ellos muestren todos los papeles como corresponde.

Esa gente no es merecedora de llamarse cooperativista”.

Entre otros temas que se desprendieron en el momento de la consideración, finalmente el cuerpo de ediles aprobó el aumento tarifario con siete votos a favor, y cinco en contra de los concejales, Tomás Buffa, Digna Hernando, Graciela Saffirio, Omar Lattanzio, del bloque opositor, y Marcos Panquilto, el único del bloque oficialista.

Asentamientos irregulares: “Están colgados del servicio,
lo naturalizamos y eso tiene un costo”, dijo Buffa

Durante la consideración, inevitablemente surgió el tema de los asentamientos irregulares de la ciudad que “están colgados”, es decir, aquellos que perciben el servicio de la luz fuera de la norma, y no pagan la tarifa. La concejal Viviana Navarro del bloque Frente de Todos se preguntó “dentro de los residenciales hay tres categorías, ¿dónde vamos a poner a los 23 asentamientos que tenemos en esta ciudad? Eso tiene que ver con el pedido que se hizo anteriormente, para regularizar esta situación”.

En este sentido el concejal Tomás Buffa, presidente del bloque de Juntos por el Cambio, se refirió al tema de los asentamientos como un “tema de fondo” que es necesario abordar. “De este debate se desprende los 23 asentamientos ilegales, están colgados del servicio, lo naturalizamos y eso tiene un costo”. De ahí, que trajo aparejado que la aparente solución “es ajustar al que paga el servicio”.

“No tenemos subsidios para cubrir ese costo que tiene que cubrir la Cooperativa, porque naturalizamos la situación y la única manera es cargárselo al usuario que paga por lo que consume y lo que consumen los demás”, indicó el concejal radical.

Por su parte la concejal Liliana Carnevale, del bloque oficialista, también opinó al respecto, pero en primer lugar puntualizó en la cuestión nominal de la palabra “ilegal”, “lo que se ha denominado acá como asentamientos ilegales en realidad son asentamientos irregulares”. En este sentido explicó que la palabra ilegal es una manera de estigmatizar a un sector de la población.

Por otro lado de acuerdo a las estadísticas disponibles, agregó que “los asentamientos irregulares en la absorción que tienen de los servicios representa menos del 10% de la población, por lo que considero en toda esta discusión que nos hemos propuesto en la última reunión de comisión, para poder trabajar inmediatamente sobre el análisis de los cuadros tarifarios, me pareció importante hacer esa señalización”.  

En este contexto, se recalcó en que se han firmado acuerdos para intentar regularizar estos asentamientos. Por último, y después de hilar diversas temáticas que no formaban parte en sí a la ordenanza en cuestión, Buffa concluyó: “el déficit del servicio energético de la ciudad son 23 asentamientos fuera de su norma, que no están cumpliendo ni pagando, y que el Estado le está brindando el servicio, porque al no subsidiar a la Cooperativa, el subsidio lo pagamos cada uno de nosotros con nuestros impuestos cada vez que vamos a pagar la factura”.

Promueven la recuperación de las gamelas usurpadas de Km 3

El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de comunicación presentado por el concejal Tomás Buffa que busca el desalojo de las gamelas de Km 3, ya que según manifestaron los vecinos del barrio, resulta ser un foco de sucesos delictivos e inseguridad.

El proyecto surge a raíz de la reunión que se llevó adelante en las instalaciones de la Vecinal del B° Mosconi con vecinos, fuerzas policiales y autoridades municipales para abordar la problemática de inseguridad que hoy padece el barrio y la ciudad.

En el encuentro, se desprendieron distintos reclamos sobre el problema de seguridad de la ciudad concluyendo, entre otras cosas, que uno de los focos de conflictos se suscita en la usurpación de las Gamelas ubicadas en la calle Gustavo Kunzel y Av Fray Luis Beltrán y Código 1256 y Enrique Koprowski.

Según indicó el concejal Buffa, “esa gamela está hace mucho tiempo usurpada y termina siendo un foco de conflicto en el barrio. En este proyecto de comunicación se le solicita a YPF que lleve adelante las medidas pertinentes, porque no deja de ser propiedad privada y que desaloje a los usurpadores del lugar”. Continuó, “a su vez que se realicen las obras necesarias para que esa gamela no siga siendo un riesgo y se le solicita al intendente Municipal que articule junto con las áreas pertinentes a implementar un programa de seguridad y de saneamiento del lugar para garantizar la tranquilidad y la seguridad del barrio, que fue el compromiso que asumió el secretario Gaitán en la reunión”, explicó.

En este marco, en los últimos meses se han intensificado los reclamos por los distintos sucesos delictivos que ocurrieron en el barrio y que se relacionan mucho con las personas que ocupan ilegalmente dicho edificio.

“Dicho lugar termina siendo un foco de inseguridad donde concurren personas consumiendo alcohol hasta largas horas de la noche generando ruidos molestos y perturbando la convivencia vecinal”, manifiesta el proyecto, teniendo en cuenta que “en la zona se encuentran oficinas públicas, escuelas y hasta dependencias de la policía provincial”. En este sentido, como uno de los objetivos indica que “el edificio podría ser recuperado, puesto en valor y destinado a funciones mucho más nobles que para el que fue creado”.