Juzgan a directivos de Conarpesa por volcar efluentes contaminantes al mar

Con niveles de contaminación que multiplicaban por treinta los máximos permitidos por ley, la causa contra la pesquera Conarpesa vuelve a los estrados. Este jueves, la Justicia de Puerto Madryn pondrá en marcha un nuevo juicio oral y público para determinar la responsabilidad penal de dos directivos de la firma en el vertido ilegal de efluentes industriales sobre las aguas del Golfo Nuevo.

El proceso contencioso se reactiva tras un fallo clave: el Superior Tribunal de Justicia de Chubut resolvió anular por unanimidad la absolución dictada en el primer debate —encabezado en su momento por la jueza Patricia Reyes— y ordenó realizar un nuevo juzgamiento desde cero.

En esta oportunidad, el tribunal unipersonal estará a cargo de la jueza penal Yamila Flores. La acusación será impulsada por el Ministerio Público Fiscal mediante el fiscal jefe Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos, quienes llevarán a la sala de audiencias el voluminoso paquete probatorio reunido desde 2023.

En el banquillo de los acusados se sentarán Nadine Parry, responsable del área ambiental de Conarpesa, y Brahim Yoosef Vargas, encargado del sistema de tratamiento de efluentes.

Según la hipótesis fiscal, ambos habrían operado una derivación clandestina —un mecanismo tipo by-pass— para desviar los residuos generados por el procesamiento de productos pesqueros y arrojarlos directamente al mar sin el tratamiento previo correspondiente.

Las pericias ambientales aportadas al expediente exponen números impactantes: las muestras analizadas revelaron concentraciones de materia orgánica superiores a los 1.500 miligramos por litro, cuando la normativa vigente establece un techo máximo permisible de apenas 50 miligramos por litro.

Con estos elementos, la Fiscalía buscará probar la comisión de delitos ambientales en uno de los ecosistemas más sensibles de la región.

Las pruebas del CONICET y el hallazgo del "by-pass"

La investigación penal se desencadenó en febrero de 2023 a raíz del video publicado por un vecino en redes sociales, donde denunciaba el fuerte olor y el color rosado o anaranjado intenso del líquido volcado en la playa del parque pesquero.

Tras la difusión del material, la Fiscalía contactó a Mauricio Faleschini, biólogo e investigador del CESIMAR (CENPAT-CONICET) con más de 20 años de experiencia en la medición de parámetros de aguas residuales.

Las pericias iniciales en la costa confirmaron lo perceptible a simple vista: la materia orgánica presente en las muestras superaba los 1.500 miligramos por litro (mg/l), frente al límite normativo de apenas 50 mg/l.

Días después, al continuar los volcamientos, la Fiscalía ordenó un allanamiento dentro de la planta de Conarpesa utilizando maquinaria pesada. Las retroexcavadoras descubrieron una derivación clandestina (by-pass) conectada a una cañería de la empresa, desde donde se desviaban los efluentes para evitar su paso por el sistema de depuración antes de la descarga marítima.

El impacto en el ecosistema marino

Si bien las plantas del parque pesquero disponen de equipamiento de alta complejidad —que incluye ecualizadores, reactores aeróbicos con bacterias y flotación por microburbujas para extraer grasas—, el investigador advirtió que no poseen sistemas para la remoción de nutrientes. La descarga continua de estos efluentes alimenta a las microalgas y genera perturbaciones en la dinámica natural de la bahía.