Proyectan extracción de uranio a cielo abierto y se reabre el debate por la Ley 5001

La empresa canadiense Jaguar Uranium volvió a colocar a la minería en el centro de la agenda pública tras presentar una estimación de recursos minerales para el proyecto Laguna Salada, ubicado en el departamento Mártires, en plena Meseta Central de Chubut.

El informe detalla un volumen de 55,1 millones de toneladas de material mineralizado con uranio y vanadio (divididos en 21,1 millones indicadas y 34 millones inferidas), un anuncio que reavivó la controversia debido a la modalidad de extracción contemplada por la compañía: la explotación a cielo abierto.

Desde el plano técnico, especialistas aclaran que la cifra corresponde al volumen total de roca mineralizada y no a metal puro, y que el yacimiento aún debe demostrar su viabilidad económica y técnica. Sin embargo, el principal escollo para la iniciativa no es financiero, sino normativo.

El obstáculo de la Ley 5001

La propuesta de extraer minerales a cielo abierto choca de manera directa con las restricciones vigentes en la provincia, especialmente con la Ley XVII N.º 68 (conocida históricamente como Ley 5001), que prohíbe explícitamente la minería metalífera bajo esa modalidad y el uso de cianuro en todo el territorio chubutense.

Ante este panorama, cualquier avance comercial deberá sortear un complejo entramado regulatorio. Si bien en los debates sectoriales suele mencionarse la extracción in situ como una alternativa técnica para recuperar minerales sin excavaciones convencionales, su viabilidad en Laguna Salada no está garantizada y depende de las particularidades hidrogeológicas del terreno.

Exploración en marcha y expectativas divididas

En paralelo a la discusión de fondo, Jaguar Uranium continúa consolidando su presencia en la región. La compañía obtuvo aprobaciones ambientales para avanzar con tareas exploratorias —que incluyen calicatas, trincheras y perforaciones con un presupuesto estimado de casi 2 millones de dólares— en seis propiedades del prospecto La Rosada, abarcando cerca de 60.000 hectáreas, además de sumar progresos en el área Guanaco. No obstante, las autoridades aclaran que se trata estrictamente de permisos de exploración y que no habilitan ninguna fase de explotación comercial.

El futuro de Laguna Salada se debate ahora entre las expectativas de inversión y desarrollo para la Meseta Central que promueve el sector privado, y los estrictos recaudos ambientales, los controles estatales y la firme resistencia social en defensa del marco legal provincial.