2026-10-21

Argentina busca frenar la exploración petrolera británica en Malvinas ante el Tribunal del Mar

El Gobierno argentino presentó una solicitud urgente ante la Justicia internacional para paralizar el proyecto petrolero Sea Lion. Buenos Aires advierte que un eventual derrame de petróleo alcanzaría sus aguas territoriales en solo 14 días y cuestiona la falta de experiencia de las empresas a cargo de las operaciones offshore.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), con sede en Hamburgo, fijó las audiencias públicas para los días 10 y 11 de noviembre de 2026. En esas jornadas se evaluará la solicitud de medidas provisionales presentada por la República Argentina para que el Reino Unido suspenda de inmediato todas las actividades hidrocarburíferas en la zona disputada mientras se constituye el tribunal arbitral que resolverá la cuestión de fondo.

La escalada legal se inició formalmente el 28 de septiembre, cuando el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería a comenzar un proceso de arbitraje bajo el amparo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La presentación del pedido cautelar de urgencia se concretó el 13 de octubre, con el embajador Mario Oyarzábal como agente representante del país.

A través de esta presentación, Buenos Aires busca paralizar cualquier inicio o continuidad en la extracción de crudo, evitar que se utilice información técnica de exploración en perjuicio de los derechos soberanos argentinos y frenar el otorgamiento de nuevos permisos que agraven el diferendo.

Peligro ambiental y las claves del proyecto Sea Lion

El argumento central de la posición argentina gira en torno al severo impacto ambiental y el riesgo directo para sus aguas jurisdiccionales. Según el plan de contingencia elaborado por la propia petrolera Premier Oil, en caso de producirse un vertido de crudo liviano existe un 100% de probabilidad de que el petróleo cruce el límite marítimo argentino en apenas 14 días. Para otros tipos de crudo, la probabilidad de alcanzar aguas de jurisdicción argentina se estima en un 30% al cabo de 30 días.

Sumado a este riesgo, Argentina remarcó la falta de antecedentes de las empresas a cargo del proyecto Sea Lion en la operación de campos offshore en etapa productiva. La iniciativa está liderada por Navitas Petroleum (con el 65% del paquete accionario) y Rockhopper Exploration (con el 35% restante).

El yacimiento se ubica a 107 millas náuticas (198 kilómetros) al norte de las Islas Malvinas y contempla un despliegue de gran escala: 23 pozos repartidos en seis centros de producción, una unidad de perforación submarina y un buque de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).

Rechazo británico y los próximos pasos del tribunal

Desde el Reino Unido, el Gobierno confirmó que asistirá al tribunal, aunque ratificó su negativa a suspender los trabajos en el área. La ministra británica de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo que la acción legal argentina no invalida las licencias otorgadas ni impone una paralización de la industria de hidrocarburos.

El conflicto suma tensión por la decisión tomada por las autoridades del archipiélago el pasado 21 de septiembre —una semana antes del reclamo argentino— de prorrogar por cinco años varias licencias de producción, medida que Argentina considera una acción unilateral ilegítima.

El Tribunal del Mar analizará si cuenta con jurisdicción prima facie, si se acredita una urgencia real y si la medida solicitada resulta proporcional. De dictarse una resolución favorable a la Argentina, el fallo será de cumplimiento obligatorio, aunque la decisión final respecto a su continuidad quedará en manos del tribunal arbitral que se constituya posteriormente.

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